El juzgado en lo penal económico imputó a tres funcionarios del ejecutivo municipal por presuntas irregularidades detectadas en el proceso de licitación de obras públicas realizadas durante el último ejercicio fiscal.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un concejal opositor que señaló inconsistencias en los pliegos y en la adjudicación de contratos. Los imputados negaron las acusaciones.
Los funcionarios fueron apartados de sus cargos en forma preventiva mientras dura la investigación. Sus abogados defensores anunciaron que presentarán documentación que demostrará la regularidad de los procedimientos cuestionados.
