La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 a cargo del juez Martín Cormick, tras una acción de amparo.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 suspendió el decreto del Gobierno que había dejado sin efecto la ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial obliga al Poder Ejecutivo a aplicar de manera inmediata los aumentos salariales y las becas para los estudiantes.
El fallo fue dictado por el juez Martín Cormick, quien sostuvo que existe un deber claro por parte del Estado, basado en el proceso legislativo que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior aprobación de la norma por ambas cámaras del Congreso.
En sus fundamentos, el magistrado remarcó que “el deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo -esto es, una afectación del Derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional”.
Cormick agregó que “la no concesión de la medida implicaría a priori y en el estado larval del proceso, un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional”.
El conflicto entre el decreto y la ley aprobada por el Congreso
La acción judicial se inició luego del veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso ratificó con la mayoría requerida. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió posteriormente su aplicación mediante un decreto, lo que dio origen al planteo judicial.
En una revisión preliminar, el juez sostuvo que la insistencia legislativa debe prevalecer sobre cualquier suspensión administrativa, ya que la Constitución Nacional no contempla una opción de este tipo. En ese sentido, cuestionó el fundamento del decreto, que se apoyaba en una disposición de la ley 24.629 sobre la necesidad de financiamiento explícito para nuevos gastos.
El fallo indicó que una norma de menor jerarquía no puede imponerse sobre un mandato constitucional explícito. Además, el magistrado descartó que la medida judicial genere consecuencias irreversibles, al considerar que se trata de una decisión temporal que puede ajustarse en función del debate presupuestario en curso.
Cormick señaló que la suspensión del decreto respeta el principio de separación de poderes y se mantendrá vigente hasta la resolución definitiva del caso, con una caución juratoria como garantía.
Qué establece la ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 tiene como objetivo asegurar la continuidad y el sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales disposiciones se encuentran la actualización automática de los presupuestos universitarios de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La norma también prevé la recomposición salarial de docentes y no docentes con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la incorporación plena de sumas no remunerativas. Además, establece la convocatoria obligatoria a una paritaria nacional, con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación.
Por último, la ley contempla la revisión y el fortalecimiento de los programas de becas estratégicas y de apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
