La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la ley vigente, tras un conflicto que se arrastra desde 2024 por el presupuesto y la recomposición del sector universitario.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar la actualización de salarios docentes, becas y programas de investigación. El tribunal, integrado por Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades.
En su resolución, los jueces recordaron que el Congreso aprobó la ley 27.795 y que la norma fue ratificada por dos tercios de los votos luego del veto total del Poder Ejecutivo. En ese sentido, señalaron que, pese a su promulgación, el Gobierno suspendió su aplicación mediante un decreto bajo el argumento de que debía definirse previamente su financiamiento.
La Cámara cuestionó esa decisión y planteó que el Poder Ejecutivo no puede sostener la suspensión de una ley del Congreso en base a otra norma anterior de igual jerarquía. “La Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control para el Sector Público Nacional no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso”, indicaron los magistrados.
Además, tras analizar las pruebas del expediente, el tribunal sostuvo que el incumplimiento de la ley no solo carece de justificación, sino que afecta derechos fundamentales. En ese marco, respaldaron el criterio del juez de primera instancia al señalar que “no se observaba una afectación al interés público, sino que, por el contrario, la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender”.
Un conflicto abierto entre el Gobierno y las universidades
La disputa por el financiamiento universitario se originó en 2024, cuando el Congreso sancionó la ley para garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial del sector. Aunque el presidente Javier Milei vetó la norma, el Congreso rechazó ese veto y la ley quedó firme.
Sin embargo, el Gobierno decidió promulgarla sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación. Desde la Casa Rosada argumentaron que la norma no define de manera explícita las fuentes de financiamiento y advirtieron sobre su impacto fiscal.
En ese contexto, la Justicia intervino y el juez federal Martín Cormick ordenó suspender el decreto que había dejado sin efecto la aplicación de la ley. También dispuso que el Ejecutivo debe cumplir con las actualizaciones salariales y de becas previstas.
Mientras el frente judicial continuaba abierto, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar el esquema de financiamiento universitario, que aún no fue tratado. En paralelo, la Universidad de Buenos Aires reclamó el cumplimiento de la norma y advirtió que el presupuesto aprobado para 2026 no contempla los recursos previstos.
Las autoridades universitarias remarcaron que “la aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”.
