El incumplimiento en tarjetas y préstamos personales llegó a máximos desde 2001. La provincia de Santa Fe implementó un programa para limitar descuentos salariales y refinanciar deudas.
El aumento de la morosidad en créditos personales y tarjetas se consolidó en los primeros meses de 2026 como uno de los principales efectos no deseados del actual programa económico. Los niveles de incumplimiento alcanzaron registros que no se observaban desde la crisis de 2001, en un contexto marcado por tasas de interés elevadas durante 2025 y una evolución salarial que acompañó, pero no superó, a la inflación.
De acuerdo con datos del sector financiero citados por iProfesional, la irregularidad en el pago de tarjetas de crédito llegó al 11%, mientras que en el sistema no bancario —que incluye mutuales, cooperativas y fintech— los niveles rondan el 25% y, en algunos casos, superan el 30%. El fenómeno impacta con mayor fuerza en jóvenes y jubilados.
El deterioro en la capacidad de pago genera intereses punitorios, reportes negativos en centrales de riesgo y, en situaciones más complejas, derivaciones judiciales como embargos. En marzo, la morosidad bancaria alcanzó el 11,2%, con un impacto del 9,1% en los hogares, según estimaciones privadas.
Este escenario encendió alertas en el Gobierno nacional, en bancos públicos y privados, así como en empresas de servicios financieros digitales, que observan un incremento sostenido en los niveles de incumplimiento.
El plan santafesino para limitar descuentos y refinanciar deudas
Frente a este escenario, la provincia de Santa Fe puso en marcha el denominado “Plan de Protección de los Ingresos”, una iniciativa que busca contener el endeudamiento de trabajadores estatales, privados, autónomos y jubilados. El programa apunta a aliviar el impacto de los créditos sobre los ingresos mensuales y a reordenar el sistema de financiamiento.
La medida central establece que los descuentos por préstamos no podrán superar el 25% del salario, reduciendo el límite previo del 50%. Además, se prevé la refinanciación de deudas en hasta 24 cuotas con tasas fijas, mientras que para el sector privado se habilitan líneas de consolidación de pasivos a plazos de hasta cinco años.
Según datos oficiales, el 35% de los empleados estatales presenta descuentos por créditos en sus recibos de sueldo y unos 12.000 superan el umbral del 25% de afectación. A este universo se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores del sector privado y autónomos con compromisos financieros significativos.
El plan también incluye un proceso de reempadronamiento de entidades que operan con códigos de descuento —como mutuales, cooperativas y financieras—, con el objetivo de exigirles nuevas condiciones de refinanciación. En caso de no adecuarse, el gobierno provincial podría restringir su acceso al sistema o intervenir con asistencia financiera a tasa cero.
La iniciativa surge en un contexto de conflictividad salarial, evidenciado en las protestas de febrero, donde trabajadores denunciaron que, pese a percibir ingresos superiores al millón de pesos, los montos efectivamente cobrados eran significativamente menores debido a descuentos por créditos.
Un sistema financiero bajo presión y señales de estabilización
El incremento de la morosidad responde, en gran parte, a un cambio en las condiciones macroeconómicas. Con una inflación más baja, las cuotas de los créditos dejaron de licuarse, lo que elevó el peso real de las deudas sobre los ingresos. A su vez, las tasas de interés reales positivas encarecieron los procesos de refinanciación.
Según explicó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el sistema financiero atraviesa una etapa de transición. “El aumento de la mora bancaria se está saneando”, afirmó, al señalar que los datos recientes muestran indicios de estabilización tras el pico registrado a comienzos de año.
El funcionario también destacó que, durante 2024 y 2025, se otorgaron créditos en un contexto de menor información sobre la capacidad de pago de los usuarios, lo que contribuyó al incremento de la mora. En paralelo, remarcó que los bancos debieron reconstruir sus sistemas de evaluación crediticia.
Antes de la pandemia, la morosidad promedio del sistema rondaba el 7% en 2019, luego de haber sido del 3,2% en 2016. Durante el período de emergencia sanitaria, las regulaciones redujeron artificialmente estos niveles. En contraste, la situación actual refleja un endeudamiento creciente en un escenario de menor dinamismo económico.
En ese marco, el avance de programas como el impulsado en Santa Fe aparece como una de las principales herramientas para contener el deterioro de los ingresos familiares y ordenar un sistema crediticio que muestra signos de tensión estructural
