El organismo extendió hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales. La decisión coincide con el avance de una causa judicial que involucra al jefe de Gabinete por su patrimonio y viajes al exterior.
La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió extender el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios nacionales correspondientes al cierre del último ejercicio. La medida quedó oficializada a través de una norma publicada en el Boletín Oficial y establece como nueva fecha límite el 31 de julio.
La decisión implica una prórroga de dos meses respecto del vencimiento original, que estaba fijado para el 30 de mayo. De esta manera, los funcionarios contarán con un margen adicional para completar y presentar la documentación exigida por ley.
Tal como consignó Infocielo, la extensión se produce en un contexto particular, ya que coincide con el avance de una investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario se encuentra bajo análisis por operaciones inmobiliarias y viajes al exterior, lo que coloca su situación patrimonial en el centro de la escena.
Desde el Gobierno explicaron que la prórroga responde a cuestiones administrativas. En concreto, señalaron que los funcionarios necesitan contar con “un plazo factible” para integrar la información correspondiente a sus declaraciones impositivas, en especial las vinculadas al Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, cuyos vencimientos operan durante la primera quincena de junio.
La explicación oficial y el contexto administrativo
La Oficina Anticorrupción justificó la medida en la necesidad de garantizar que las declaraciones juradas se presenten con información completa y consistente. El organismo consideró que la superposición de vencimientos fiscales dificulta la carga de datos y podría derivar en presentaciones incompletas o con errores.
En ese sentido, la extensión busca armonizar los tiempos administrativos entre los distintos regímenes de información obligatoria que deben cumplir los funcionarios públicos. La OA planteó que la medida apunta a mejorar la calidad de los datos declarados y a facilitar el cumplimiento de la normativa vigente.
Sin embargo, el contexto político y judicial en el que se produce la decisión no pasó inadvertido. Tal como indicó Infocielo, la prórroga coincide con el momento en que la Justicia analiza el patrimonio del jefe de Gabinete, lo que otorga una dimensión adicional a la medida.
Adorni ya había hecho referencia a su situación en una conferencia de prensa realizada el 25 de marzo. En esa oportunidad, sostuvo que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado”. Además, agregó que “lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar”.
La investigación y el foco en el patrimonio
La extensión del plazo habilita a que la próxima declaración jurada incluya información actualizada al 31 de diciembre de 2025. Este documento será clave para evaluar la evolución patrimonial de los funcionarios y, en particular, para analizar la situación del jefe de Gabinete.
La declaración deberá detallar bienes inmuebles, créditos hipotecarios, ingresos, egresos y capital invertido, tanto del funcionario como de su cónyuge. Estos datos permitirán establecer si existen inconsistencias o variaciones significativas en el patrimonio declarado.
En este marco, la prórroga adquiere relevancia porque posterga la presentación de información que será observada con atención en el ámbito judicial y político. La coincidencia temporal entre la medida administrativa y el avance de la investigación genera interrogantes sobre el impacto de la decisión.
Mientras tanto, la Oficina Anticorrupción sostiene que la extensión responde a criterios técnicos y administrativos. No obstante, el escenario en el que se implementa la prórroga coloca el foco sobre la transparencia y el control del patrimonio de los funcionarios públicos, en un contexto de creciente escrutinio.
