La estrategia opositora que pone en jaque el plan del Gobierno
NewsITe
En los primeros días del año, los principales referentes de la oposición en el Congreso activaron llamados y reuniones para acordar una estrategia común frente al oficialismo. El eje central del debate es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la Ley de Inteligencia, firmado por el presidente Javier Milei el 31 de diciembre y publicado el 2 de enero.
La discusión se cruza con otra definición clave: el eventual llamado a un nuevo período de sesiones extraordinarias para febrero. Si el Gobierno decide reabrir el Parlamento, deberá incluir el DNU en el temario, ya que su argumento de urgencia se debilita en un escenario con el Congreso en pleno funcionamiento. Ese es precisamente el punto donde la oposición ve una ventana de oportunidad.
“Si convocan a extraordinarias tienen que incluir el decreto porque, si no lo hacen, se cae el primer argumento, que es el de urgencia. Si el Congreso funciona, no hay urgencia”, planteó un diputado opositor que viene coordinando el diálogo entre distintos bloques. Según la normativa vigente, el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para enviar el DNU al Parlamento; ese plazo culmina el viernes 16.
Luego, será el turno de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene hasta el 30 de enero para expedirse. Cumplida esa fecha, ambas Cámaras quedarán habilitadas para tratar el decreto en el recinto, en simultáneo con el calendario que baraja el Gobierno para iniciar las sesiones extraordinarias. El escenario abre un riesgo político concreto para La Libertad Avanza: quedar expuesta a una derrota legislativa similar a la sufrida en el pasado con normas vinculadas a los servicios de inteligencia.
Números ajustados y pases de factura en Diputados
En el oficialismo reconocen que no cuentan con los votos asegurados para avanzar en todos sus proyectos, en especial la reforma laboral. A esto se suma el temor a que el debate por el DNU se convierta en una plataforma para que la oposición exprese su rechazo a los cambios en inteligencia y marque límites al método de gobierno por decretos.
En Diputados, distintos cálculos previos muestran un frente opositor robusto. De acuerdo con fuentes del peronismo, ya hay 121 voluntades dispuestas a rechazar el DNU: la totalidad del bloque peronista, 22 legisladores de Unidos, los 4 de la izquierda, 2 de la Coalición Cívica, Natalia De la Sota y Jorge “el Gato” Fernández. Es un número construido sin contar todavía con sectores de la UCR, el PRO, el MID ni bloques provinciales del norte.
- Un frente opositor amplio y heterogéneo se alinea contra el DNU.
- El oficialismo evalúa si arriesgar una derrota o esperar a las sesiones ordinarias.
- El PRO podría usar la votación para responder por el desplazamiento en la AGN.
“Si abren el recinto, vamos a ir por el DNU, no hay ninguna duda. No vamos a esperar a la Justicia”, adelantó un diputado de Unidos, en alusión a los amparos ya presentados contra el decreto. El cuestionamiento alcanza incluso a sectores técnicos: el Colegio Público de Abogados, presidido por Ricardo Gil Lavedra, ya se pronunció en contra de la norma.
“Me parece que no tienen mucha salida: si llaman a sesionar, se lo volteamos”, advirtió un legislador opositor al analizar el posible llamado a extraordinarias.
En paralelo, algunos dirigentes especulan con que el PRO podría aprovechar la ocasión para “cobrarse” el acuerdo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo que lo dejó afuera de la Auditoría General de la Nación. “No es una ley de gestión, sino de política. Es el escenario para saldar cuentas pendientes”, analizó un diputado cercano a los bloques dialoguistas.
El 16 de enero, el Gobierno reunirá a su mesa política, con la presencia de Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt, entre otros. Allí se hará un primer conteo fino de votos, se medirá el margen de negociación con la oposición moderada y se definirá, finalmente, si el oficialismo se anima a abrir el Congreso en febrero o prefiere esperar al inicio de las sesiones ordinarias para evitar una derrota temprana sobre el DNU que modificó la Ley de Inteligencia.
