Las autoridades bonaerenses establecieron pautas de intervención tras una serie de casos recientes y coordinaron acciones con gremios docentes.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires definió un protocolo de actuación para intervenir ante amenazas y situaciones con alumnos armados en escuelas, luego de la aparición de carteles amenazantes en distintos establecimientos durante las últimas semanas.
Las autoridades de educación y seguridad mantuvieron una reunión con gremios docentes para evaluar los pasos a seguir y reforzar criterios de intervención frente a este tipo de hechos en el ámbito escolar.
El encuentro estuvo encabezado por Flavia Terigi y Javier Alonso, con la participación de representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes presentaron propuestas para abordar las “nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas”.
En ese marco, propusieron jornadas institucionales para analizar la problemática, políticas de salud mental para niñas y jóvenes, formación para directivos y docentes, espacios de trabajo con familias, talleres con estudiantes y la convocatoria a instancias interministeriales e intersectoriales.
Medidas de prevención y coordinación
Desde el área de Educación confirmaron que impulsarán “la formación de las mesas intersectoriales” para abordar situaciones conflictivas o violentas. Además, indicaron que promoverán “una reunión interministerial para coordinar acciones” y que continuarán “monitoreando conjuntamente la situación”.
El protocolo establece que, ante la detección de mensajes que refieran a un posible tiroteo o a la presencia de armas, las escuelas deben actuar con “celeridad” para priorizar el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad educativa.
En caso de amenazas, el personal deberá dar aviso al equipo directivo, que informará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En paralelo, la dirección del establecimiento deberá radicar la denuncia ante la fiscalía o dependencia judicial correspondiente.
El documento también indica que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de estudiantes para garantizar sus derechos durante el proceso, especialmente en situaciones vinculadas a mensajes amenazantes en carteles o entornos digitales.
Procedimiento ante presencia de armas
Si se detecta a un estudiante con un arma dentro de la escuela, el protocolo señala que debe considerarse como si estuviera cargada. También indica que se debe intentar calmar al estudiante y dialogar con él, mientras otro adulto da aviso al 911.
Entre las pautas, se recomienda procurar que el estudiante deje el arma en una superficie segura. “Si se tratara de un arma de fuego, pedirle que saque el dedo del gatillo, si esta es la situación. En tanto no entregue el arma, se deberá procurar que mantenga la calma hasta que llegue la fuerza pública”.
El documento remarca que otras personas no deben manipular el arma y establece que “se designará a una persona adulta, quien se responsabilizará de cuidar el aula e impedir que alguien ingrese. Será la fuerza pública correspondiente la que deberá retirar el arma de la escuela”.
Finalmente, el protocolo dispone que el estudiante involucrado deberá quedar bajo custodia, con intervención de la familia y de la Justicia.
