Ninguno de los principales jefes de la banda figuraba entre las víctimas o detenidos de la llamada Operación Contención, la más letal en la historia del país.
La redada policial más mortífera en la historia de Brasil, realizada en Río de Janeiro, dejó 121 muertos, entre ellos cuatro agentes y dos adolescentes. Sin embargo, el operativo fracasó en su objetivo principal: capturar o abatir a los líderes del Comando Vermelho. Según una revisión de Reuters del informe oficial, ninguna de las 117 personas asesinadas figuraba entre los 69 sospechosos nombrados por la fiscalía.
El gobernador de Río, Claudio Castro, calificó la operación de “éxito”, pese a que solo cinco de los señalados fueron arrestados y ninguno pertenecía a la cúpula de la organización criminal. El informe revisado por Reuters confirma que un líder de rango medio fue detenido sin disparos. Los resultados contradicen la versión oficial sobre un supuesto golpe al narcotráfico en las favelas del norte de la ciudad. Tras el operativo, los vecinos alinearon decenas de cuerpos en las calles.
Operación Contención
La redada, llamada Operación Contención, se desarrolló una semana antes de la cumbre climática COP30 y generó tensiones políticas en todo el país. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva la calificó de “desastrosa”, mientras que dirigentes conservadores la defendieron como un modelo de acción contra el crimen. Lula respalda operativos focalizados para cortar el financiamiento de las bandas, pero rechaza las redadas masivas que dejan un alto costo humano.
El secretario de Seguridad Pública, Víctor dos Santos, dijo a Reuters que el objetivo era detener a los hombres acusados. Admitió que “no fue nada fácil encontrar a 69 personas entre las 280.000” habitantes de las favelas allanadas. Aun así, aseguró estar “100 % seguro” de que los 19 muertos sin antecedentes eran delincuentes. Sostuvo que el número de víctimas demuestra que la situación es “mucho peor de lo que reveló la investigación”.
La palabra de los residentes
Las familias de las víctimas denunciaron ejecuciones indiscriminadas. Samuel Peçanha, padre de Michel, un adolescente de 14 años asesinado durante la redada, lamentó que la policía actuara sin control. “Los detienen, los ejecutan y ya está, porque saben que aquí no hay ley”, dijo a Reuters. “En Brasil, eso es normal”, agregó. Su hijo, según contó, integraba la banda, pero aún esperaba convencerlo de cambiar de rumbo.
Taua Brito, otra residente, relató que halló el cuerpo de su hijo Wellington, de 20 años, con un disparo en la cabeza y una puñalada en el brazo. “Debí ver unos 50 cadáveres”, dijo la mujer, que recuperó el cuerpo en plena madrugada. Los vecinos llevaron decenas de cuerpos a una calle concurrida, donde los alinearon frente a la mirada de los niños.
El cuerpo de Yago Ravel, de 19 años, fue hallado decapitado, según registros públicos y videos revisados por Reuters. Santos afirmó que las heridas probablemente fueron causadas por miembros de la pandilla y que el análisis forense lo confirmará. La policía sostiene que los residentes alteraron la escena del crimen, aunque no se enviaron peritos para analizar el lugar.
Beatriz Nolasco, tía de Ravel, dijo que no confía en que la familia sepa la verdad. “Nunca podremos aceptar cómo lo mataron, con la cabeza arrancada y colocada en un árbol”, afirmó. El defensor público Pedro Carriello señaló que las redadas no resolverán el problema estructural. “Por un momento se desarticula un grupo armado, pero no se acaba. Lo que queda son las pérdidas de las familias”, expresó.
Entre el orden y el dolor
Brasil registró 44.127 muertes violentas en 2024, un 5,4 % menos que el año anterior, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. De ese total, 6.243 personas murieron a manos de la policía. Para Santos, el operativo demostró que “el Estado ostenta el monopolio del uso de la fuerza”. Sin embargo, los críticos advierten que la violencia policial perpetúa el ciclo de sangre en las favelas.
Una encuesta de AtlasIntel mostró que el 55 % de los brasileños apoyó la operación. Aun así, los familiares de los fallecidos insisten en que la policía actuó fuera de la ley. “Tenían derecho a arrestar a mi hijo, pero no a matarlo”, dijo Brito. Mientras el país sigue dividido, el Comando Vermelho continúa operando, y su líder, Edgar Alves de Andrade, alias Doca, sigue prófugo.
