El acuerdo establece pautas conjuntas y coordinadas para la asignación de personal policial en tareas de custodia y seguridad en dependencias del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) y el Ministerio de Seguridad provincial firmaron un convenio de cooperación interinstitucional destinado a establecer de manera conjunta y coordinada las pautas para la asignación de personal policial en tareas de custodia y seguridad en los edificios de la Administración de Justicia.
El acuerdo fue suscripto por la presidenta de la SCBA, Hilda Kogan, y el ministro de Seguridad bonaerense, Eduardo Javier Alonso. El acto se realizó en el Salón de Acuerdos de la Suprema Corte.
Participaron de la firma el vicepresidente del Tribunal, Sergio Gabriel Torres; el ministro Decano, Daniel Fernando Soria; y el jefe de la Policía provincial, Javier Carlos Villar.
También estuvieron presentes el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial, Matías Rappazzo; el titular de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz; y los funcionarios de la SCBA Amós Grajales, Matías Álvarez y Néstor Trabucco.
El convenio es resultado de una Mesa Técnica de Trabajo que desarrolló un año de labor conjunta, encuadrada en la Resolución SC 3.585/24 de fines de noviembre de 2024.
El acuerdo establece que el servicio de custodia y seguridad podrá extenderse, de manera excepcional, a otros ámbitos cuando un magistrado así lo disponga por razones vinculadas a la seguridad de la actividad judicial. Entre los supuestos previstos se incluyen audiencias de debate o producción de prueba en lugares distintos a la sede del órgano jurisdiccional.
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Para la implementación del convenio, la SCBA concentrará los requerimientos de personal policial necesarios para la cobertura del servicio y los transmitirá al Ministerio de Seguridad a través de los canales que se establezcan en los protocolos correspondientes.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad evaluará en cada caso los motivos del pedido y la modalidad de la prestación, conforme a los criterios técnicos y operativos que considere pertinentes para garantizar la adecuada prestación del servicio.
