Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires reclaman el envío de partidas previstas por ley y alertan que la atención médica podría verse afectada en al menos seis instituciones.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a reclamar al Gobierno nacional por la falta de transferencia de fondos y advirtió que el funcionamiento de sus hospitales universitarios se encuentra en riesgo. Según señalaron las autoridades, en lo que va del año no se enviaron partidas destinadas al sostenimiento operativo de estas instituciones.
En ese contexto, los directores de la red de hospitales universitarios convocaron a una conferencia de prensa para este martes a las 8.30 frente al Hospital de Clínicas “José de San Martín”, con el objetivo de visibilizar la situación y reiterar el pedido de financiamiento.
Seis instituciones en alerta por la falta de recursos
De acuerdo con lo informado, las entidades que podrían ver comprometido su funcionamiento son el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
Desde la UBA indicaron que el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Sin embargo, denunciaron que no se transfirieron los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que genera una deuda acumulada cercana a los 20.000 millones de pesos.
Estos recursos, según explicaron, resultan esenciales para cubrir insumos, mantenimiento y servicios básicos, lo que impacta de manera directa en la capacidad de atención.
Un sistema que atiende a más de 700 mil personas
La red hospitalaria de la UBA brinda atención a más de 700 mil personas por año en sus seis centros. En ese marco, la falta de financiamiento afecta tanto la prestación de servicios como la continuidad laboral de profesionales y trabajadores.
La situación se inscribe en un escenario de tensión dentro del sistema universitario, tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en 2025. La norma fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia, aunque desde la universidad sostienen que los recursos no se están ejecutando.
Cruces con el Gobierno y reclamos en el sistema universitario
Desde sectores docentes y no docentes advirtieron que el Gobierno incumple tanto la ley específica como la Ley de Presupuesto vigente. En ese sentido, sostienen que la situación compromete el derecho a la salud y a la educación pública.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano intimó a las universidades a garantizar el dictado de clases en medio de la semana de paro docente. A través de un comunicado, solicitó a los rectores que informen las medidas adoptadas para asegurar la continuidad académica y el acceso de los estudiantes.
“Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país”, indicaron desde la cartera, al tiempo que pidieron planes de contingencia que incluyan modalidades alternativas de cursada.
Una nueva marcha universitaria en agenda
El reclamo por el financiamiento se produce en la antesala de la marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo. La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Uno de los principales ejes de la protesta es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Justicia en distintas instancias.
En ese marco, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, expresó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.
Y agregó: “El Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”.
