El Consejo Superior aprobó por unanimidad una resolución que instruye al rector a iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de la norma aprobada y promulgada por el Congreso.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La decisión fue adoptada por unanimidad durante la sesión del Consejo Superior celebrada el 22 de octubre de 2025, luego de que el Gobierno promulgara la norma pero suspendiera su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
En su resolución, la UBA expresó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
El texto agrega que la medida “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. Además, dispuso comunicar la medida a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.
El Consejo Superior fundamentó su decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos, se indicó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
Asimismo, el cuerpo recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
El documento también destaca que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.
“La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, remarcó el Consejo.
Por último, el máximo órgano de gobierno de la UBA subrayó que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.
El Consejo Superior está integrado por el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes. El cuerpo consideró que el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática en el país.
Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, junto con la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por un año. Sin embargo, ambas quedaron suspendidas hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
La decisión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial durante la madrugada del martes, en los que el Poder Ejecutivo justificó la suspensión por el impacto fiscal que implicaría su aplicación.
