El empresario amplió su indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak en una investigación que ya vincula más de 114 muertes con ampollas adulteradas
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios Ramallo S.A y de HLB Pharma Group, declaró este lunes durante tres horas en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado y continuará con su indagatoria el próximo miércoles.
Fuentes del expediente señalaron que el imputado “tiene mucho para decir”, motivo por el cual el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso un cuarto intermedio y fijó la continuidad del testimonio para el 29 de abril. “Se alargó mucho y dijo que todavía le falta”, indicaron allegados a la investigación.
El pasado 23 de abril, García Furfaro había iniciado su segunda indagatoria mediante una videollamada, pero luego de tres horas la audiencia fue interrumpida por problemas de conexión. En esa instancia, el empresario reiteró su postura expresada en 2025, al sostener que lo ocurrido se trató de un atentado y negar su responsabilidad en la contaminación de las ampollas.
Una causa que amplía su alcance y suma víctimas
La investigación, que está próxima a cumplir un año, avanzó con nuevas medidas ordenadas por el magistrado con el objetivo de incorporar más casos. En la primera indagatoria, los imputados habían sido vinculados a la muerte de 20 pacientes, pero tras las pericias el número de fallecidos asociados al fentanilo contaminado asciende a cerca de 114.
García Furfaro fue considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por los fallecimientos iniciales, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”.
Según consta en el expediente, el empresario habría intervenido junto a otros integrantes de ambos laboratorios en la toma de decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del lote 31.202 del opioide, destinado al sistema de salud y producido en diciembre de 2024.
El escrito judicial sostiene que la adulteración se produjo por una contaminación originada en un proceso de fabricación con múltiples falencias, varias de ellas consideradas críticas, y advierte que existieron alertas previas que no fueron atendidas durante la elaboración del producto.
