Destrozos y antecedentes recientes: las conductas de un mismo menor reabren el debate sobre las herramientas de las autoridades para su abordaje

Un menor involucrado en los destrozos en la Costanera Baja y en un antecedente inmediato reabrió el debate público sobre las herramientas con las que cuentan las autoridades para intervenir ante situaciones que involucran a niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.

Las escalinatas de la Costanera, lugar donde se produjeron los destrozos que reabrieron el debate sobre el abordaje estatal ante situaciones que involucran a menores. Foto: Iara Cerasi / EL NORTE

En altas horas de la noche del lunes, las escalinatas de la Costanera Baja de San Nicolás fueron blanco de un acto de vandalismo. El foco de este episodio no está puesto solo en los destrozos generados, sino en la edad de los involucrados.

Según las grabaciones tomadas por testigos y el parte policial, fueron seis menores en total quienes dañaron los asientos de madera del lugar. De acuerdo a esa información, los mismos tienen entre ocho y catorce años.

Casi de manera instantánea, esta situación generó un importante revuelo en la ciudad, que se acrecentó con las declaraciones del intendente Santiago Passaglia sobre lo ocurrido. En una serie de publicaciones, sostuvo: “Sabemos quiénes son y dónde viven. Estoy muy a favor de la baja de la edad de imputabilidad. Todos estos destrozos se van a hacer cargo los padres irresponsables”.

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Antecedentes recientes

Un dato que se desprende del episodio ocurrido en la Costanera Baja es que uno de los menores involucrados había sido objeto de otra intervención policial días atrás, en un contexto distinto. En esa oportunidad, se activó un operativo de búsqueda luego de que se denunciara su ausencia, tras haber salido hacia el Polideportivo del barrio Moreno y no regresar a su hogar luego de varias horas.

En la denuncia, su madre señaló que es reincidente en estas actitudes y que se trataba de una situación que ya había requerido intervenciones previas. Ese antecedente expone las dificultades por parte de las autoridades para avanzar en este tipo de casos, especialmente cuando involucran a menores en contextos de vulnerabilidad.

En este marco, vuelve a instalarse en la opinión pública la discusión sobre la revisión del esquema actual de intervención estatal ante episodios de estas características.

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