El Colegio de Abogados de San Nicolás, en ejercicio de su responsabilidad de velar por la ética profesional y la institucionalidad del sistema jurídico, se dirige a la comunidad ante la publicación periodística aparecida en el diario El Norte bajo el título “Mafia del Derecho Ambiental”.
Esta institución comparte con la sociedad la preocupación por la transparencia en el ejercicio de la abogacía y rechaza, en términos absolutos, cualquier conducta que pudiera apartarse de los principios deontológicos que rigen la profesión.
No obstante, este Colegio tiene la obligación institucional de advertir que una publicación construida exclusivamente sobre fuentes anónimas, referencias en off the record y atribuciones sin respaldo documental no constituye prueba de nada. En el Estado de Derecho, la determinación de responsabilidades —penales, civiles o disciplinarias— es facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales competentes, y no puede ser suplida por el juicio periodístico, cualquiera sea la relevancia pública del medio que lo formule.
El ejercicio del patrocinio jurídico en causas ambientales, la representación legal de organizaciones de la sociedad civil y la promoción de acciones judiciales son actividades legítimas, legalmente reconocidas y constitucionalmente protegidas. Calificarlas mediante términos de connotación delictiva, sin sustento en resolución judicial alguna, importa un ataque a garantías fundamentales que este Colegio no puede dejar sin respuesta.
Si existieran conductas concretas que pudieran encuadrar en figuras delictivas o en infracciones al Código de Ética, el camino institucional es claro e inequívoco: la denuncia ante la Justicia competente y, en su caso, ante el Tribunal de Disciplina de este Colegio. Ese es el único ámbito habilitado para determinar responsabilidades.
Este Colegio confía en las instituciones de la República y reitera su compromiso permanente con la ética profesional, la independencia judicial y el debido proceso como garantías irrenunciables del Estado de Derecho.
