Los acusados en el expediente solicitaron excluir como querellante al empresario que aportó documentación bancaria obtenida en Estados Unidos sobre más de USD 300 millones vinculados a contratos internacionales de la Selección argentina.
La investigación judicial que analiza el circuito internacional de fondos vinculados a la Selección argentina sumó en los últimos días un movimiento clave dentro del expediente. La defensa de los titulares de la empresa TourProdEnter LLC solicitó apartar como querellante a Guillermo Tofoni, el empresario que aportó documentación bancaria obtenida en Estados Unidos sobre el manejo de más de 300 millones de dólares relacionados con contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino.
El planteo fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 y apunta a limitar la intervención de quien impulsó la denuncia y acercó prueba considerada central para la investigación. La causa es la que mayor preocupación genera en el entorno de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, ya que pone bajo análisis el esquema de administración de ingresos durante el último cuatrienio.
Según información a la que accedió Infobae y que figura incorporada al expediente, la defensa de los propietarios de TourProdEnter —Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette— cuestionó la legitimación de Tofoni para actuar como parte querellante. El objetivo es excluirlo del proceso con el argumento de que no reúne la condición de “particular ofendido” que exige el Código Procesal Penal.
La resolución de este incidente procesal no es menor: de prosperar el pedido, el denunciante perdería la posibilidad de impulsar medidas de prueba, acceder en plenitud a las actuaciones y recurrir resoluciones con el peso procesal que otorga el rol de querellante.
El pedido de exclusión y los argumentos de la defensa
El escrito presentado el 13 de febrero de 2026 sostiene que Tofoni no sufrió un perjuicio directo y singular, sino que cualquier eventual daño patrimonial alcanzaría de manera general a los clubes del fútbol argentino. Bajo esa premisa, la defensa consideró que su intervención no encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación.
Además, los abogados plantearon que el denunciante intenta utilizar el sistema judicial como una vía de investigación privada, sin costo, con fines estratégicos ligados a intereses contractuales o comerciales. En ese marco, afirmaron que la controversia debería analizarse como un conflicto de naturaleza comercial y no penal, invocando el principio de “ultima ratio” del derecho penal.
Otro de los ejes del planteo apunta a despojar al proceso de su carácter criminal, al sostener que los hechos denunciados no exceden un eventual incumplimiento contractual. Desde esa perspectiva, la defensa insiste en que la causa reedita una denuncia previamente archivada y que el debate no debería transitar el fuero penal.
De acuerdo con lo informado por Infobae, el pedido de exclusión se apoya también en la idea de que la actuación de Tofoni persigue mejorar su posición en el mercado del negocio del fútbol internacional, más que esclarecer un presunto delito.
La respuesta de Tofoni y el rol del discovery en Estados Unidos
En su presentación ante el juzgado, Guillermo Tofoni rechazó de manera categórica los argumentos defensivos y reivindicó su intervención en la causa. Sostuvo que fue él quien aportó la prueba más relevante del expediente a partir de un procedimiento de discovery tramitado ante tribunales de los Estados Unidos.
El empresario explicó que la totalidad de la información financiera incorporada a la investigación se obtuvo mediante mecanismos judiciales formales, que exigen acreditar un interés legítimo, concreto y actual. En ese sentido, remarcó que las autoridades judiciales estadounidenses evaluaron su planteo y habilitaron el acceso a documentación bancaria sensible de los denunciados.
Para Tofoni, esa decisión implica un reconocimiento previo de legitimación y de una posible afectación patrimonial directa, ya que sin esos requisitos el acceso a la información jamás hubiera sido autorizado. Bajo esa óptica, descartó que su actuación responda a una conducta meramente exploratoria o especulativa.
El empresario también subrayó que no se trata de un denunciante ocasional. Es agente oficial de la FIFA y fundador de World Eleven, con una extensa trayectoria en la organización de partidos internacionales y eventos deportivos, lo que otorga relevancia a su intervención dentro del expediente.
El foco de la investigación y el trasfondo económico
La causa se centra en el manejo de más de 300 millones de dólares vinculados a los contratos internacionales de la Selección argentina durante los últimos cuatro años. En ese período, TourProdEnter LLC fue designada como agente de cobro exclusivo en el exterior, con facultades para percibir ingresos por amistosos, eventos, concesiones y acuerdos de sponsoreo de la Asociación del Fútbol Argentino.
Según la denuncia, las maniobras investigadas habrían sido ejecutadas por Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, en presunta connivencia con Faroni y Gillette, responsables de la firma radicada en Estados Unidos. Tofoni sostuvo que la creación de esa sociedad y su rol como mandataria de la AFA constituyeron un nuevo capítulo de una administración fraudulenta.
El denunciante también cuestionó la comisión del 30 % que TourProdEnter habría percibido, al considerar que carece de justificación económica y que funcionó como un mecanismo adicional para consumar el presunto fraude. El período bajo análisis coincide con el ciclo más rentable de la Selección, potenciado tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
Una definición clave para el avance del expediente
El expediente ya superó una discusión sobre competencia, luego de que se rechazara su derivación al fuero federal. La Cámara sostuvo que no se comprometían intereses federales ni el ejercicio del empleo público nacional, y que la magnitud de los montos no transforma por sí sola un fraude común en un delito federal.
En ese contexto, la disputa por la condición de querellante adquirió un carácter central. Si el juzgado mantiene a Tofoni como parte, podrá continuar impulsando medidas, ampliar líneas investigativas y aportar nueva documentación del sistema financiero estadounidense. Si lo excluye, el avance de la causa quedará exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal y del juzgado.
En una investigación que examina el circuito internacional de fondos de la Selección campeona del mundo y el manejo de cifras millonarias, la definición sobre la querella se transformó en un punto neurálgico del proceso judicial.
