El máximo tribunal penal del país anuló un fallo que había declarado prescripta la causa y dispuso que el Tribunal Oral Federal realice el juicio.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de 42 personas acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico y ordenó remitir la causa al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata para la realización del juicio oral.
La decisión fue adoptada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes revocaron el fallo dictado en mayo de 2025 por el exmagistrado Martín Poderti, que había dispuesto el sobreseimiento por prescripción.
En esa resolución, el tribunal oral había considerado las maniobras de lavado como hechos autónomos y aplicó una figura atenuada del artículo 303 del Código Penal, al entender que no alcanzaban el monto mínimo requerido. Esa interpretación derivó en la prescripción de la acción penal.
Según información del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Mariscal fue condenado a siete años de prisión por transportar 165 kilos de cocaína, mientras que Hugo Esteban recibió una pena de trece años por intentar trasladar casi tres toneladas de marihuana desde Misiones a Mar del Plata.
En paralelo a esa causa, la investigación avanzó sobre el financiamiento de las operaciones. En ese marco, durante un allanamiento se identificó un galpón vinculado a la familia de Esteban donde se encontraron alrededor de 30 vehículos, varios sin patentar y sin documentación.
El hallazgo de ese patrimonio sin respaldo financiero, junto con los vínculos entre los involucrados, motivó la ampliación de la investigación hacia un posible esquema de lavado de dinero.
De acuerdo con la fiscalía, el vínculo asociativo entre las familias, el incremento patrimonial injustificado y las operaciones realizadas —muchas veces con documentación falsa o domicilios inexistentes— permitieron trazar la hipótesis de una organización integrada por familiares y allegados.
Esa estructura habría operado entre 2011 y 2019 mediante la adquisición de bienes con dinero proveniente del narcotráfico, que luego se incorporaban al mercado a través de compraventa y transferencia de vehículos para dar apariencia lícita a los fondos.
Los hechos fueron calificados como lavado de activos agravado por habitualidad, y los imputados fueron acusados como integrantes de una asociación destinada a la comisión continuada de este tipo de delitos.
Con la resolución de Casación, la causa avanzará a la etapa de juicio oral en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
