El proyecto busca sancionar a adultos responsables que no intervengan ante situaciones reiteradas de acoso escolar. La iniciativa propone incorporar estas faltas al Código municipal y destinar lo recaudado a prevención.
El Concejo Deliberante de Mar del Plata analiza un proyecto de ordenanza que propone sancionar económicamente a padres, tutores o responsables legales que no intervengan ante situaciones reiteradas de bullying protagonizadas por menores. La iniciativa plantea incorporar estas conductas al Código de Faltas municipal, con multas que podrían superar los $45 millones en casos de reincidencia.
El eje central del proyecto establece que la sanción no será automática. Solo se aplicará cuando exista una notificación previa, formal y comprobable por parte de autoridades escolares u organismos competentes, y aun así los adultos no adopten medidas para frenar la conducta. La propuesta apunta a responsabilizar la inacción, el desinterés, la falta de cooperación o la negativa a intervenir frente a hechos de acoso escolar.
Según consignó el medio marplatense 0223, la iniciativa fue presentada por la concejala Liliana Piccolo, del bloque PRO, y pone el foco en un aspecto poco abordado en el debate público: el rol de los adultos en la prevención y corrección de estas situaciones. En ese sentido, el texto sostiene que no se busca castigar directamente a los menores, sino reforzar la responsabilidad de quienes están a su cuidado.
El proyecto se apoya en el régimen de responsabilidad parental previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece deberes de cuidado, orientación y formación. Bajo ese marco, los progenitores son responsables por los daños que causen sus hijos menores, una obligación que, según la propuesta, también alcanza a los casos de acoso escolar.
Escala de sanciones, excepciones y alcance fuera de la escuela
La ordenanza fija multas que van del 0,50% al 60% del valor de referencia municipal para quienes incumplan sus obligaciones como responsables legales. Ese valor equivale a 100 salarios mínimos del personal municipal, actualmente de $377.295. De este modo, las sanciones irían desde $188.647 hasta $22.637.740, con la posibilidad de duplicarse en caso de reincidencia, lo que elevaría el monto por encima de los $45 millones.
El proyecto también contempla excepciones. No se aplicarán sanciones en situaciones donde el adulto esté privado de la responsabilidad parental, tenga restringido el contacto con el menor o no pueda intervenir debido a decisiones judiciales vigentes. De este modo, se busca evitar penalizar a quienes no tienen herramientas legales para actuar.
Otro de los puntos relevantes amplía el alcance de la propuesta más allá del ámbito escolar. La iniciativa prevé sanciones para adultos que ejerzan violencia física o verbal —o inciten a otros a hacerlo— en contextos deportivos donde participen niños, niñas o adolescentes. Esta inclusión responde a episodios registrados en ese tipo de entornos, donde el comportamiento de los mayores también genera situaciones de agresión.
De acuerdo a lo informado por 0223, en los fundamentos del proyecto se señala que, en la actualidad, la carga de intervención recae en gran medida sobre las instituciones educativas. Sin embargo, estas no siempre cuentan con herramientas suficientes ni les corresponde suplir el rol de la familia en la formación de los menores.
En esa línea, la propuesta establece que el Departamento Ejecutivo deberá elaborar un protocolo de actuación específico para estos casos. Además, dispone que los fondos recaudados por las multas se destinen a programas de capacitación, concientización y prevención del bullying, con el objetivo de abordar el problema desde una perspectiva integral.
