El juicio por la masacre de Barracas tendrá inicio con pruebas en disputa
NewsITe
A dos años de la masacre de Barracas, en la que tres mujeres lesbianas murieron y una cuarta logró sobrevivir con graves secuelas, la Justicia confirmó que el juicio oral y público comenzará el 18 de mayo ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, fuentes cercanas a la querella advirtieron que aún resta producir y analizar prueba considerada clave para el esclarecimiento del caso.
La causa investiga el ataque con una bomba molotov que, según la acusación, arrojó Justo Fernando Barrientos en la habitación de una pensión ubicada en la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Allí vivían Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Roxana Figueroa y Sofía Castro Riglos. El fuego se propagó rápidamente y provocó una escena de extrema violencia que la comunidad LGBTIQ+ recuerda como uno de los hechos más graves de lesbodio registrados en el país.
Voceros del caso señalaron a la agencia NA que el Tribunal tiene pendientes una serie de medidas de prueba suplementarias, solicitadas desde mayo de 2024, que «debían llevarse a cabo antes de la apertura del debate». Se trata, entre otras, del análisis pormenorizado de rastros recolectados en el lugar del hecho y de los hisopados tomados durante las autopsias, estudios que podrían resultar determinantes para reconstruir cómo se produjo el ataque y quiénes intervinieron.
Las mismas fuentes remarcaron que estas falencias se arrastran desde las primeras etapas de la investigación, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 14, cuyo titular, el juez Edmundo Rabbione, es cuestionado por no haber abordado el expediente con perspectiva de género ni de diversidad sexual. Además, advirtieron que el actual tribunal declaró «improcedente» la incorporación de la historia de vida de las víctimas, una herramienta que suele utilizarse para comprender el contexto de violencia y discriminación en el que se producen estos crímenes de odio.
Un único imputado y la calificación de lesbodio
Justo Fernando Barrientos llega al juicio como único imputado. La querella reclama que sea juzgado por cuádruple homicidio doblemente agravado: por mediar violencia de género (femicidio, artículo 80 inciso 11 del Código Penal) y por odio a la orientación sexual (lesbidio, inciso 4), además de la tentativa en el caso de la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos. De prosperar esta calificación, la pena en expectativa es la prisión perpetua.
El Ministerio Público Fiscal, por su parte, requirió que se apliquen también los agravantes vinculados al prejuicio hacia las víctimas, la alevosía y el peligro común generado por el incendio en una vivienda colectiva. La acusación sostiene que la orientación sexual de las mujeres atacadas fue un elemento central para comprender el móvil del hecho.
«Hay elementos de prueba suficientes que demuestran que para el acusado fue determinante la orientación sexual de las víctimas para perpetrar el ataque. Todos coincidimos en eso», señalaron las fuentes consultadas.
Las víctimas y la sobreviviente de la masacre
Pamela Cobbas falleció el 7 de mayo de 2024, un día después del incendio, en el Instituto del Quemado. Dos días más tarde, también en ese centro de salud, murió Roxana Castro, con el 90 por ciento de su cuerpo afectado por las llamas. Andrea Amarante, de 42 años y oriunda de un barrio periférico de la ciudad de Neuquén, agonizó cinco días internada en el Hospital Penna hasta que finalmente perdió la vida.
La única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, de 49 años, sufrió quemaduras de gravedad y estuvo internada alrededor de un mes en el Instituto del Quemado. Su testimonio será uno de los ejes del juicio, tanto para reconstruir lo ocurrido esa madrugada como para dimensionar el impacto de la violencia de odio sobre las vidas de las mujeres lesbianas y de las disidencias en contextos de extrema vulnerabilidad social.
Organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y de diversidad sexual seguirán de cerca el inicio del debate oral, en un proceso que no solo buscará determinar responsabilidades penales, sino también visibilizar cómo operan los crímenes motivados por prejuicios de género y orientación sexual en la Argentina.
