Milei acelera su agenda de reformas en medio de tensiones regionales
NewsITe
El Gobierno nacional comenzó a ordenar su tablero político de cara a un febrero cargado de definiciones en el Congreso. La Casa Rosada busca acelerar la discusión de la reforma laboral y de un paquete más amplio de cambios estructurales, mientras crece la tensión diplomática con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de la crisis en Venezuela y de la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea.
En el oficialismo reconocen que todavía no hay una estrategia legislativa cerrada, pero insisten en que el mensaje político debe ser claro: avanzar con reformas que muestren un giro de fondo respecto del esquema heredado. La convocatoria a sesiones extraordinarias, prevista entre el 2 de febrero y fines de mes, será el escenario donde el Ejecutivo pondrá a prueba su poder de negociación con gobernadores, bloques aliados y el sindicalismo.
El objetivo del Gobierno es que la reforma laboral esté votada antes del 1 de marzo, fecha de apertura de las sesiones ordinarias. Sin embargo, en los pasillos del Congreso admiten que se trata más de un deseo que de una previsión concreta. En el Senado, el sector que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presiona para sostener el proyecto casi sin cambios, al menos hasta que se acerque el debate efectivo y se midan fuerzas reales en el recinto.
Bullrich se mantuvo activa durante las últimas semanas, con reuniones en Olivos y en Casa Rosada, donde comparte mesa de discusión con el asesor presidencial Santiago Caputo. Este sector es clave en el vínculo con las centrales obreras y en la redacción de los artículos más sensibles para el mundo del trabajo. El oficialismo se niega a retroceder en la eliminación de la obligatoriedad de que los empleados actúen como agentes de retención de la cuota sindical, aunque se muestra dispuesto a revisar topes y alcances de las contribuciones solidarias, así como la letra fina sobre el derecho de huelga y el Fondo de Asistencia Laboral.
Negociaciones con gobernadores y definición de la agenda legislativa
Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, encaró una ronda de encuentros con mandatarios provinciales para cosechar apoyos. Ya se reunió con el chubutense Ignacio Torres y anticipó visitas a Leandro Zdero (Chaco), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alfredo Cornejo (Mendoza). La jugada apunta a garantizar votos clave en ambas cámaras, en especial de espacios dialoguistas y bloques provinciales.
El viernes se espera la puesta en marcha de una comisión técnica en el Senado, donde la abogada laboralista Josefina Tajes asesorará al Gobierno en la letra de la reforma. Ese mismo día sesionará en Casa Rosada la Mesa Política, que en principio será encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la mira puesta en ordenar prioridades entre los distintos proyectos que el Ejecutivo pretende incluir en el segundo llamado a extraordinarias.
En esa lista aparecen, además de la reforma laboral, la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal —que busca blindar el equilibrio de las cuentas públicas y limitar la emisión monetaria—, el nuevo Código Penal y cambios a la Ley de Glaciares. Entre estos textos, en el oficialismo reconocen que el que tiene mayores chances de avanzar en el corto plazo es el referido a glaciares, por el apoyo anticipado de varios gobernadores y bloques numerosos de ambas cámaras.
Mercosur, Venezuela y el trasfondo del cortocircuito con Brasil
En paralelo a la ingeniería interna, la política exterior suma tensión. El 17 de enero está prevista en Asunción la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea. La rúbrica estará a cargo de los cancilleres del bloque, pero no se descarta la presencia de los presidentes, incluido Javier Milei. Un eventual encuentro cara a cara con Lula da Silva tendría lugar en medio de un clima enrarecido por la situación en Venezuela y por fuertes cruces discursivos entre Buenos Aires y Brasilia.
Brasil decidió retirarse de la representación de la Embajada argentina en Caracas, luego de más de un año de ejercer esa función a pedido de la Casa Rosada. La cancillería brasileña transmitió formalmente su decisión al gobierno argentino y al régimen que encabeza Delcy Rodríguez. En círculos diplomáticos del vecino país señalan malestar por la falta de reconocimiento público a las gestiones que se realizaron a favor de ciudadanos y bienes argentinos en territorio venezolano.
En Brasilia recordaron que, además de brindar refugio a opositores alojados por la Argentina, se ocuparon de tareas consulares y del mantenimiento básico de la sede diplomática. Las recientes críticas de Milei a Lula en redes sociales, junto con la alineación abierta de la Casa Rosada con la estrategia de Washington sobre Venezuela, aceleraron la decisión de dar por terminado ese esquema de cooperación.
Pese a la dureza del gesto, fuentes del gobierno brasileño remarcan que la expectativa es que el clima de tensión sea pasajero y que prime la agenda común entre ambos países, con fuerte peso en comercio, energía y coordinación regional. En el entorno de Milei, en tanto, consideran que el rediseño de alianzas internacionales forma parte del giro ideológico que prometieron en campaña y que el Mercosur deberá adaptarse a ese nuevo escenario político y económico.
“No estamos haciendo una reforma anti-sindicatos: estamos haciendo una reforma pro-generación de empleo”, resume un funcionario del entorno presidencial, mientras en Casa Rosada se combinan las negociaciones internas con una diplomacia regional cada vez más áspera.
