Organizaciones reclaman por la crisis en el sistema de discapacidad
NewsITe
Organizaciones, familias y personas con discapacidad volverán a concentrarse este miércoles frente al Ministerio de Salud de la Nación para visibilizar lo que definen como “una grave situación” que atraviesan tanto las personas con discapacidad como los prestadores que brindan servicios en todo el país.
La convocatoria es impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, espacio que agrupa a entidades y referentes del sector. El objetivo central es reclamar por la regularización de los pagos del programa Incluir Salud y la actualización de aranceles, además de advertir por el impacto social de los cambios normativos que propone el Gobierno nacional.
Según informó el Foro, los prestadores arrastran un fuerte atraso en el cobro de las prestaciones correspondientes al programa Incluir Salud, destinado a personas titulares de pensiones no contributivas. Se registran deudas desde octubre, noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026, lo que coloca a instituciones y trabajadores al borde de la asfixia financiera.
Aunque el Ministerio de Salud se comprometió a cancelar esos montos durante el mes en curso, las organizaciones advierten que los tiempos administrativos siguen siendo “excesivamente lentos” y que esa demora impide afrontar obligaciones básicas como sueldos, servicios y proveedores. Hablan de un “daño profundo” en toda la cadena de atención: prestadores, equipos profesionales y personas con discapacidad.
Atraso de aranceles, inflación y desabastecimiento
El Foro subraya que la falta de actualización de los aranceles se suma al cuadro de atraso en los pagos. Calculan que los valores vigentes presentan un desfase cercano al 40% respecto de los costos reales, en un contexto de inflación elevada. En muchos casos, aseguran, los aumentos dispuestos fueron absorbidos casi de inmediato por la suba general de precios.
Las organizaciones remarcan que esta brecha se traduce en recortes de horas de atención, dificultades para sostener equipos interdisciplinarios y riesgos concretos de cierre de servicios especializados, como centros de día, terapias de rehabilitación, apoyos escolares y transporte adaptado.
Otro foco de preocupación es el suministro de insumos básicos. Desde hace tiempo –detallan– se registran problemas en la provisión de medicamentos y pañales para beneficiarios de Incluir Salud. La situación se habría agravado a partir de denuncias sobre irregularidades en los procesos de compra, sin que hasta el momento se hayan observado soluciones de fondo.
Rechazo a cambios en la ley y alerta por pensiones
Las organizaciones también expresan su rechazo al nuevo proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que introduce modificaciones en normativas vinculadas a las personas con discapacidad. Cuestionan especialmente que se plantee la existencia de un supuesto otorgamiento “fraudulento” de pensiones, sin presentación de pruebas contundentes.
Para el Foro, las pensiones por discapacidad otorgadas a personas en situación de pobreza responden a “una realidad estructural del país”, marcada por más de dos décadas de altos índices de pobreza. Esa condición, advierten, impacta directamente en la salud, el desarrollo y el acceso a derechos básicos como la educación, la vivienda y la atención sanitaria.
- Reclamo por la cancelación de deudas de Incluir Salud.
- Pedido de actualización urgente de aranceles atrasados cerca del 40%.
- Denuncia por deficiencias en la entrega de medicamentos e insumos.
- Cuestionamientos al proyecto de reforma de las pensiones por discapacidad.
“El retraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles han generado un daño profundo en todo el sistema: prestadores, trabajadores y personas con discapacidad”, advirtió el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las entidades señalan que la movilización frente al Ministerio de Salud forma parte de una serie de acciones que se replican en distintas provincias y que podrían intensificarse si no se registran avances concretos. Reclaman una mesa de diálogo permanente y políticas de Estado que garanticen la continuidad y calidad de las prestaciones para una de las poblaciones más vulnerables del país.
