La mujer aseguró que cuatro efectivos le exigieron exhibir fotos y videos íntimos mientras era investigada por un presunto robo en Córdoba. La Justicia abrió una causa por abuso de autoridad y mal desempeño de funciones.
Una mujer que trabaja en la producción y comercialización de contenido para adultos a través de la plataforma OnlyFans denunció que cuatro policías de la localidad cordobesa de San Francisco del Chañar la obligaron a mostrar imágenes y videos íntimos almacenados en su teléfono celular durante un interrogatorio realizado en una comisaría.
El episodio ocurrió mientras la joven era investigada como sospechosa en una causa por un presunto robo. Tras la denuncia, la fiscal Analía Cepede inició una investigación para determinar cómo actuaron los efectivos policiales y si existieron abusos durante el procedimiento.
Fuentes judiciales confirmaron que la causa quedó radicada en la Justicia de Deán Funes y que actualmente se encuentra en una etapa inicial, centrada en la toma de declaraciones testimoniales.
La defensa denunció presiones y vulneración de la intimidad
El abogado de la mujer, Ignacio Almada Vargas, sostuvo que su clienta fue encerrada e interrogada bajo presión para intentar obtener una autoincriminación dentro de la causa por robo.
“Hubo un mal desempeño de los deberes de funcionario público de parte de la Policía”, afirmó el letrado en declaraciones a la prensa local.
Según indicó, durante el procedimiento los efectivos le exigieron exhibir desde su propio teléfono contenido íntimo que no guardaba relación con la investigación.
“Mi clienta no está ni siquiera imputada”, remarcó el abogado, quien además cuestionó la legalidad del accionar policial.
“Si se está investigando un robo, no hay por qué vulnerar la intimidad de una persona ni exigirle que exhiba su cuerpo a través de imágenes o videos”, agregó.
La denuncia derivó en la apertura de una causa por presunto abuso de autoridad y mal desempeño de funciones contra los cuatro policías señalados.
Qué dijo la fiscal sobre el acceso al celular
La fiscal Analía Cepede explicó que uno de los puntos centrales de la investigación será determinar en qué carácter había sido trasladada la mujer a la dependencia policial y bajo qué condiciones se produjo el acceso a su teléfono.
“Aun siendo testigo se puede llegar a secuestrar un celular porque está en calidad de testigo. Ahora, cuando se trata de un sospechoso de un delito, no se lo puede nunca obligar a entregar una aparatología móvil porque hace a su derecho de intimidad y de defensa”, señaló en diálogo con Radio Mitre.
La funcionaria judicial agregó que la apertura de un teléfono perteneciente a una persona sospechada requiere autorización judicial previa.
“Una apertura de un teléfono de un sospechado solamente se permite a través de un pedido al juez de control o al juez de paz de turno que nos autorice a abrir ese teléfono”, sostuvo.
Allanamiento y asistencia a la víctima
Días después del episodio denunciado, la vivienda de la mujer fue allanada. Según informó la defensa, durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos iPhone usados, un automóvil antiguo y otros elementos considerados de escaso valor.
El abogado también reveló que la joven terminó visiblemente afectada tras el hecho. Según manifestó el letrado, habría intentado atentar contra su propia vida luego de lo ocurrido.
Ante esa situación, la defensa pidió la intervención de la oficina de Violencia de Género de Jesús María. Solicitaron acompañamiento y protección durante el proceso judicial.
Por su parte, la fiscal Cepede sostuvo que el testimonio de la denunciante será clave para reconstruir cómo se desarrolló el procedimiento policial.
“Intentamos determinar desde cómo llegó a la comisaría. Por qué llegó y cómo fue el trato y hasta dónde terminaron abusando o no de la función de ellos como personal policial . Esta persona, si bien estaba en calidad de sospecha, tenía todas las garantías constitucionales de derechos de defensa”, explicó.
La fiscal indicó además que, si se comprueba un accionar irregular por parte de los efectivos, la figura penal aplicable sería la de abuso de autoridad.
