El Concejo delegó en el intendente la suba del pasaje urbano
En medio de una fuerte tensión entre empresas de transporte, choferes y usuarios, el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó este lunes un proyecto que otorga al intendente Agustín Neme la facultad de fijar el precio del boleto de colectivo urbano, al menos hasta fin de año. La medida fue respaldada por diez concejales y rechazada por otros ocho, reflejando la grieta política y social que genera la actualización de las tarifas en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.
La decisión llega tras varios días de paro total de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Mar del Plata, que dejó sin servicio a miles de pasajeros. La protesta se originó porque los choferes no habían cobrado los sueldos correspondientes al mes de abril. El conflicto comenzó el viernes y se extendió durante todo el fin de semana, hasta que las empresas depositaron los salarios y la medida de fuerza fue levantada este lunes.
Con la nueva ordenanza, el Ejecutivo local deberá ahora definir el porcentaje de aumento del boleto, en medio de presiones cruzadas. La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) reclama una suba del 65%, mientras que el informe técnico elaborado por la Municipalidad sugiere un incremento del 24%. La diferencia entre ambas propuestas es significativa y tendrá un impacto directo en el bolsillo de los usuarios.
Cuánto podría costar el pasaje y el impacto en los usuarios
En la actualidad, el boleto plano de colectivos en Mar del Plata es de 1.550 pesos. Si prospera el planteo de Cametap, la tarifa treparía a 2.569 pesos, lo que implicaría una fuerte suba para quienes utilizan el servicio a diario. En cambio, si el intendente se inclinara por el porcentaje sugerido por el informe municipal, el pasaje se ubicaría en 1.922 pesos.
La discusión sobre el valor del boleto no se limita a la puja entre el Ejecutivo y las empresas. También se vincula con el esquema de subsidios nacionales. Según advirtieron las autoridades y referentes del sector, el gobierno nacional mantiene más de tres meses de atraso en el pago de los Atributos Sociales Nacionales, las compensaciones que se destinan a las empresas para cubrir los descuentos que reciben jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Este retraso profundiza la delicada situación financiera del sistema de transporte del interior del país.
En este contexto, el intendente Neme deberá equilibrar las demandas de las compañías, la capacidad de pago de los usuarios y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio. Organizaciones de consumidores y sectores políticos de la oposición ya anticiparon que seguirán de cerca la resolución que tome el Ejecutivo, al advertir que un incremento elevado podría dejar a muchos vecinos con serias dificultades para trasladarse a sus trabajos, escuelas y centros de salud.
En las próximas semanas se espera que el gobierno municipal convoque a reuniones técnicas con representantes de las empresas, la UTA y concejales para terminar de definir el nuevo valor del boleto. Mientras tanto, los usuarios siguen atentos a una decisión que impactará de lleno en su economía cotidiana.
