ONG y familiares reclaman transparencia total en las excarcelaciones
NewsITe
Organizaciones de derechos humanos, partidos opositores y familiares de detenidos elevaron este martes la presión sobre el régimen chavista para que publique de manera inmediata y verificable la lista completa de presos políticos excarcelados en Venezuela. Aunque la cúpula oficialista habla de más de 400 liberaciones desde diciembre, las ONG solo han podido confirmar una fracción de esa cifra y advierten que la falta de información agrava la angustia de cientos de familias.
El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, aseguró en una sesión parlamentaria que el país atraviesa un proceso de excarcelaciones que ya habría beneficiado a más de 400 personas. Sin embargo, no presentó ninguna nómina de nombres ni criterios del procedimiento. El Ministerio de Servicios Penitenciarios, por su parte, menciona 116 excarcelaciones, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática habla de unas 73. Frente a este laberinto de cifras, el Foro Penal ratificó que, hasta ahora, solo pudo verificar 56 liberaciones desde el 8 de enero.
“Si el Parlamento tiene información debe mostrarla públicamente, ya que se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano”, reclamó el Foro Penal en un comunicado. La organización, con más de dos décadas de trabajo en defensa de presos políticos, alertó que la opacidad del régimen “solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia ni a la reconciliación nacional”. Además, desmintió con firmeza las acusaciones de Rodríguez, quien insinuó que la ONG cobra a los familiares por gestionar liberaciones. “No es cierto que exijamos pago alguno por la asistencia legal gratuita que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.
ONG cuestionan las cifras oficiales y denuncian abusos
La desconfianza hacia los anuncios del chavismo se extiende a otras organizaciones. Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) respaldó el reclamo de transparencia y subrayó que la publicación de una lista verificable de liberados “no es una concesión, sino una obligación mínima para dar certeza y confianza al proceso”. En la misma línea, la ONG Provea denunció que persisten “dilaciones indebidas y abusos autoritarios” que impiden la concreción de las liberaciones anunciadas y calificó la situación como “un acto cruel, inhumano y degradante” hacia los detenidos y sus familias.
Provea también expresó su solidaridad con el Foro Penal y otras organizaciones atacadas por el oficialismo. Recordó que, pese al discurso de apertura, decenas de personas continúan tras las rejas por motivos políticos, muchas de ellas con graves problemas de salud y sometidas a condiciones de reclusión extremas. La hija del presidente electo, Edmundo González Urrutia, denunció, por ejemplo, que su esposo permanece presuntamente en la cárcel Rodeo I, en celdas de 2 por 2 metros, sin ventilación, con letrinas dentro del mismo espacio donde duermen y comen, y completamente incomunicado desde hace más de un año.
Familias en vigilia y denuncias de desapariciones
Mientras el régimen asegura que avanza hacia un clima de “convivencia pacífica”, en las calles y en las puertas de tribunales y cárceles se multiplica la desesperación. Madres como Carmen Arvelaez y Carmen Farfán denunciaron que desde hace más de un mes desconocen el paradero de sus hijos, detenidos sin orden judicial y trasladados a un centro de reclusión en Caracas, donde ahora las autoridades niegan que se encuentren. Reclaman una fe de vida y datos precisos sobre su situación legal, convencidas de que se trata de detenciones arbitrarias sin relación política alguna.
En Caracas, integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y allegados de detenidos se concentraron en la Universidad Central de Venezuela, donde armaron un mosaico de fotos y nombres de presos, acompañados por una bandera venezolana y el himno nacional. Allí, activistas advirtieron que “aún hay más de mil personas detenidas injustamente” y exigieron el cierre de centros de tortura, así como la liberación plena e incondicional de todos los encarcelados por razones políticas.
La oposición y la diáspora piden una lista única y verificable
El reclamo por una lista oficial y completa de excarcelados también llegó desde el partido Vente Venezuela, liderado por la opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. Su Comité de Derechos Humanos acusó al régimen de “mentir sistemáticamente” al anunciar liberaciones sin precisar identidades. Machado y el presidente electo González Urrutia enfatizaron que las ONG solo han podido confirmar 56 casos, muy lejos de las cifras difundidas por el Ejecutivo, y advirtieron que la falta de transparencia prolonga el sufrimiento de las familias que hacen guardias en las afueras de los centros de reclusión.
La presión también proviene del exterior. Asociaciones de venezolanos en Estados Unidos denunciaron maniobras de “simulación y engaño” por parte de la administración de Delcy Rodríguez, al considerar que las liberaciones han sido “selectivas y simbólicas”, sin modificar el patrón de persecución y criminalización de la disidencia. Gobiernos como los de España y Hungría, que confirmaron la excarcelación de algunos de sus ciudadanos, mantienen la exigencia de que el proceso se profundice y se haga bajo estándares internacionales de derechos humanos.
Para las ONG y los familiares, la única forma de generar confianza es que el régimen publique una lista única, nominal y verificable de todas las personas liberadas, acompañada de criterios claros sobre quiénes siguen detenidos y por qué.
En este contexto, la liberación de presos políticos se ha convertido en un termómetro clave para medir el alcance real de la transición venezolana y el compromiso del régimen con una salida democrática. Mientras no se conozca de manera transparente quiénes han sido excarcelados y cuántos siguen privados de libertad, las organizaciones de derechos humanos sostienen que la promesa de cambio seguirá siendo, más que un avance concreto, un anuncio sujeto a la desconfianza y al escrutinio permanente de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional.
