Desde la oposición la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo y advirtieron que el decreto amplía el carácter encubierto de las tareas y habilita atribuciones que corresponden a fuerzas de seguridad.
Los bloques de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazaron el DNU que modifica la Ley de Inteligencia y reclamaron que se restablezca el control parlamentario sobre las actividades del área.
Observaciones sobre el DNU
En un comunicado conjunto, señalaron:
“El Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU”.
Agregaron que resulta “indispensable” conformar de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, con el fin de restablecer el sistema de controles previsto por la Constitución.
Cuestionamientos específicos
Los bloques advirtieron que “el decreto introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener ‘carácter encubierto’, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”.
Señalaron además que la norma “extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional” y “habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia”, lo que, según afirmaron, contradice el consenso democrático construido desde 1983.
Reclamo de tratamiento parlamentario
Las bancadas remarcaron que “el DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias”.
Pidieron que “el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122” y que cualquier modificación del sistema de inteligencia se discuta “en el Parlamento, a la vista de la sociedad”.
Finalmente, sostuvieron:
“La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”.
