Transferencias a la productora de un allegado complican al vocero presidencial
NewsITe
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, sumó nuevos elementos a partir de la aparición de registros oficiales de pagos a la productora Imhouse, propiedad del periodista y empresario Marcelo Grandio, amigo íntimo del funcionario.
De acuerdo con documentación administrativa de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa Imhouse percibió alrededor de $3.012.900 por la emisión del programa “Enredados”, que se transmitió a través de la señal de streaming de la TV Pública desde septiembre del año pasado. Las transferencias se habrían concretado de manera mensual y figuran en los sistemas de la Gerencia de Administración y Finanzas del canal estatal.
El vínculo contractual quedó formalizado mediante seis convenios firmados entre la productora y la TV Pública. Según trascendió, las firmas corresponden al interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y a Horacio Silva, representante de Imhouse. Este último ganó notoriedad pública por haber costeado un viaje de regreso en avión privado desde Punta del Este, del que habrían participado tanto Grandio como Adorni.
Los datos administrativos contrastan con lo que el propio funcionario libertario afirmó el 29 de abril pasado, durante la presentación de su informe de gestión ante el Congreso Nacional. En esa oportunidad, Adorni aseguró que el canal estatal “no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”, una declaración que ahora queda bajo escrutinio a partir de los registros de RTA conocidos en las últimas horas.
Relación personal, programas conjuntos y sospechas de conflicto de intereses
La relación entre Adorni y Grandio se remonta a varios años y excede el plano profesional. El productor ha definido públicamente al actual jefe de Gabinete como su “colega y amigo eterno”. Ambos compartieron pantalla en el ciclo “Gritalo!”, emitido por Canal Metro y producido también por Imhouse, donde analizaban la coyuntura política y económica y entrevistaban a dirigentes y referentes del ámbito público.
La trama de la causa judicial apunta a determinar si esa cercanía personal derivó en posibles gestiones indebidas a favor de la productora. Las sospechas giran en torno a presunto tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y eventuales beneficios económicos derivados de contratos con el Estado nacional.
En ese marco, la Justicia ordenó peritar las comunicaciones entre Adorni y Grandio, así como reconstruir el circuito de decisiones que derivó en la contratación de Imhouse para la realización de contenidos en la TV Pública. Los investigadores buscan establecer si existieron intervenciones directas del funcionario en la adjudicación o continuidad de esos acuerdos comerciales.
La pesquisa judicial se concentra en el eventual uso de la posición pública de Adorni para favorecer a una empresa vinculada a su círculo íntimo, en un contexto de fuerte discusión sobre la transparencia en el uso de fondos estatales.
Mientras avanza la causa y se esperan nuevas medidas de prueba, los pagos a Imhouse vuelven a colocar bajo la lupa la relación entre política, medios y negocios en el ámbito de la comunicación estatal, y abren un nuevo capítulo en el debate sobre los controles y la rendición de cuentas en el uso del dinero público.
