A inicios de diciembre de 2025, el sindicato y los empresarios del sector metalmecánico firmaron un acuerdo de actualización salarial que la Secretaría de Trabajo aún no avala. Las empresas no pagarán los incrementos acordados hasta tanto el Gobierno no homologue el acta sellada por las partes, algo que en otros tiempos era un trámite administrativo y hoy se ha convertido en un nuevo foco de tensión en el mundo laboral argentino. Desde la UOM amenazan con reactivar un plan de medidas de fuerza.
De la redacción de EL NORTE
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El martes 2 de diciembre pasado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmaba el acta acuerdo de las paritarias que ponía fin a la negociación correspondiente al período abril 2025-marzo 2026 para la rama 17 (metalmecánicos), con vigencia efectiva desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. El acta dejaba expresamente escrito que la aplicación del acuerdo comenzaba a regir una vez homologado por el Ministerio de Trabajo.
Hoy se cumplen 60 días de que el entendimiento entre las partes fuera sellado con las firmas de la UOM y representantes de las cámaras empresarias Adimra, Afarte, Caiama, Fedehogar, AFAC y Camima. Pero la Secretaría de Trabajo sigue sin avalar el acuerdo, por lo que las empresas, en su mayoría, aún no aplican la actualización salarial que contempla un incremento remunerativo acumulado del 14%, distribuido en dos tramos del 4,2% aplicados en noviembre de 2025 y enero de 2026, junto con el pago de sumas fijas no remunerativas que totalizan $160.000.
Este escenario no es nuevo, y bien grafica la tensión que reina entre el gremio industrial más importante del país y el Gobierno nacional. En abril del año pasado, la UOM y empresarios metalmecánicos habían formalizado un acuerdo de aumento salarial que la Secretaría de Trabajo homologó –recién– dos meses después.
“El Gobierno dilata la homologación como si no aceptara que se puede alcanzar un acuerdo sin su intervención directa”, cuestionó Rubén Urbano, secretario de Prensa del sindicato. Según Urbano, el entendimiento fue fruto de casi cuatro meses de negociaciones, en un contexto marcado por la resistencia de algunos sectores empresariales y del propio Ejecutivo.
“El objetivo es evitar el conflicto, pero no vamos a aceptar que se frene una mejora salarial legítima. Los trabajadores no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo”, advirtió Urbano.
De no concretarse la validación por parte de la Secretaría de Trabajo, el gremio anticipa que reactivará el plan de acciones aprobado en abril, consistente en asambleas en fábricas, un paro nacional por 24 horas, otro por 48 horas y un tercero de 72 horas en caso de no recibir respuestas por parte del Gobierno.
