Distintos referentes del Partido Obrero se presentaron en Comodoro Py y señalaron a la ministra de Seguridad por “montar un megaoperativo de represión” durante la marcha de los jubilados.
El Partido Obrero (PO) reafirmó la denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aseguran que la funcionaria “montó un megaoperativo de represión y amedrentamiento” durante las últimas movilizaciones de jubilados frente al Congreso.
“Movilizarse no es un delito”
“Vinimos a Comodoro Py a ratificar la denuncia contra Patricia Bullrich. Junto a Vanina Biasi, Néstor Pitrola y la abogada Liliana Alaniz denunciamos a la ministra por amedrentamiento y coacción contra las movilizaciones en apoyo a los jubilados convocados para el 12 y 19 de marzo en el Congreso. Movilizarse no es un delito”, expresó el legislador porteño Gabriel Solano, referente del PO.
En el mismo sentido, el partido afirmó que “el mayor peligro para el pueblo es que Bullrich siga a cargo de la seguridad del mismo”. También defendieron “el derecho a la reunión, de peticionar ante las autoridades y de la protesta social”.
Jubilaciones mínimas y reclamos urgentes
En el documento presentado en Comodoro Py, el PO remarcó la crítica situación del sector pasivo. “La situación de las y los jubilados es apremiante ya que 5.000.000 de jubilados cobran menos de $500.000 por mes. A su vez el PAMI restringió el acceso a medicamentos y, como si esto fuese poco, sigue sin concretarse la moratoria jubilatoria para quienes ni siquiera pueden acceder a la irrisoria jubilación mínima.”
También denunciaron agresiones policiales en diversas marchas. “Producto de ello y de la cantidad de veces que las fuerzas de seguridad agredieron e hirieron a jubilados, la ronda de los miércoles está siendo rodeada de solidaridad y apoyo de la población por sus justos reclamos”, detallaron.
Fuerte presencia policial y denuncia de intimidación
Según el PO, la ministra “ha ordenado armar un vallado que literalmente corta la circulación de vehículos” en los alrededores del Congreso. Consideran que el operativo afecta el tránsito normal y genera un “clima de intimidación”.
Los manifestantes señalan que la presencia de oficiales “fuertemente” armados disuade a quienes quieran acercarse a la protesta.
Finalmente, el documento denuncia que “la ministra de Seguridad ha dictado las resoluciones y/o dado las ordenes narradas en los hechos objeto de la presente denuncia, a sabiendas y con intención de que se ejecuten aun siendo contrarias a la Constitución Nacional y la normativa vigente”.
