Petri redobla sus críticas a Villarruel en medio de una disputa judicial
NewsITe
El enfrentamiento entre el diputado nacional y ex ministro de Defensa Luis Petri y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El legislador mendocino denunció públicamente que la titular del Senado impulsa una nueva causa por calumnias e injurias en su contra y, además, pidió a la Justicia que le prohíba expresarse sobre ella en el ámbito público, una medida conocida en la jerga como “mordaza legal”.
A través de su cuenta en la red social X, Petri cuestionó con dureza a Villarruel al recordar que ya existió una denuncia anterior en su contra que fue desestimada por la Justicia. En ese expediente también habían sido acusados los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. El Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, concluyó que los hechos denunciados no configuraban delito ni alcanzaban el umbral para considerarse ilícitos de acción pública, por lo que rechazó la presentación.
Pese a ese antecedente, la vicepresidenta decidió insistir con una nueva querella contra Petri, esta vez acompañada de la solicitud de que se le restrinja la posibilidad de hacer declaraciones referidas a su figura. Según explicó el propio diputado, esa solicitud constituiría una limitación grave a su derecho a opinar y a ejercer la crítica política, especialmente en el marco de la tensión que atraviesa el oficialismo en el Congreso.
Un cruce que expone la interna política en el oficialismo
El origen del conflicto se remonta a las críticas que Petri realizó hacia la conducción de Villarruel en el Senado, a quien llegó a calificar como “funcional a la oposición” por determinadas decisiones institucionales adoptadas en la previa de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei dejó inauguradas las sesiones ordinarias.
En el marco de ese cruce, el ex ministro de Defensa también calificó a la vicepresidenta como “golpista”, un término que generó fuerte repercusión y que derivó en las acciones judiciales de Villarruel. Sin embargo, tanto el juez Ramos como el fiscal Ramiro González consideraron que las expresiones de Petri se encontraban amparadas por el derecho a la libre opinión y a la crítica política, una garantía central en el sistema democrático argentino.
La nueva presentación judicial de Villarruel, con el agregado de la solicitud de “mordaza legal”, reaviva el debate sobre los límites entre el honor de los funcionarios públicos y la libertad de expresión de dirigentes y periodistas. Organismos de derechos humanos y especialistas en derecho constitucional suelen advertir que el uso de figuras penales como las calumnias e injurias en contextos de debate político puede tener un efecto inhibitorio sobre la crítica y el control ciudadano.
- La primera denuncia penal contra Petri y periodistas fue desestimada por la Justicia federal.
- Villarruel ahora impulsa una nueva querella y pide que se le prohíba al diputado hablar sobre ella.
- Petri afirma que se trata de un intento de silenciamiento contrario al espíritu democrático.
- El caso reabre la discusión sobre libertad de expresión y responsabilidad de los funcionarios públicos.
“Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…!”, escribió Luis Petri en X.
Mientras la Justicia evalúa esta nueva acción impulsada por la vicepresidenta, el caso se instala como un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo y suma presión sobre el clima político en el Congreso. Más allá del resultado judicial, el debate sobre el alcance de la crítica política y el rol de los tribunales en estos conflictos promete seguir abierto.
