Fiscales solicitaron penas de hasta cuatro años de prisión para el exministro Julio De Vido y otros exfuncionarios por negociaciones incompatibles en obras de gasoductos.
Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz pidieron penas de entre tres años y medio y cuatro años de prisión para el exministro de Planificación Julio De Vido, en el marco del juicio por la adjudicación de obras a Constructora Odebrecht SA.
La acusación sostiene que existieron negociaciones incompatibles en la ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008.
En su alegato, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas para De Vido y el exsecretario de Energía Daniel Omar Cameron, a quienes señalaron como partícipe necesario y autor, respectivamente, del delito previsto en el artículo 265 del Código Penal.
Además, pidieron una pena de tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación perpetua y costas, para el exsubsecretario de Combustibles Cristián Alberto Folgar y el exgerente general y vicepresidente de Cammesa Luis Alberto Beuret, a quienes consideraron partícipes necesarios.
En cambio, los fiscales requirieron la absolución del exsubgerente de Cammesa Julio Armando Bragulat. Argumentaron que no se podía asegurar que “haya conocido los alcances de la maniobra tal como fue concebida por sus consortes, ni tampoco está acreditado que tuviera conciencia en la participación en el delito”.
También solicitaron el “decomiso de todas las cosas que sirvieron para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito”.
En el juicio estaba imputado el exsubsecretario de Energía Eléctrica Bautista Jacinto Marcheschi, pero fue apartado por incapacidad sobreviniente.
El debate oral comenzó el 9 de diciembre de 2025 y analiza hechos investigados por la Fiscalía Federal N° 6, que estuvo a cargo de Federico Delgado, con intervención del juez Daniel Rafecas.
La causa se originó en una investigación por presuntos sobornos y sobreprecios vinculados a la empresa Skanska en la construcción de gasoductos, donde se detectaron maniobras relacionadas con estas adjudicaciones.
