Investigan presuntas irregularidades en la compra de dosis
NewsITe
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó al juez Ariel Lijo que convoque a declaración indagatoria al empresario farmacéutico Hugo Sigman, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la negociación y compra de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. El expediente vuelve a poner bajo la lupa el rol de funcionarios y actores privados en uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.
De acuerdo con el dictamen, al que accedió Noticias Argentinas, también fueron alcanzados por el pedido de indagatoria la exministra de Salud del gobierno de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, y otros exfuncionarios y empresarios del sector. Todos están bajo sospecha de haber postergado de manera deliberada la adquisición de dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer para favorecer negocios con proveedores que contaban con socios locales.
En un escrito de más de 30 páginas, Stornelli describe lo que considera una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” en torno a la política de vacunación oficial. Según la fiscalía, mientras Pfizer ofrecía en 2020 un acuerdo por más de 13 millones de dosis con entregas tempranas, el Gobierno habría demorado la firma del contrato y priorizado tratos con otros laboratorios como AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
En ese entramado, el fiscal identifica a Hugo Sigman como un “denominador común” de la red investigada. El titular del Grupo Insud, conglomerado vinculado a compañías como Elea Phoenix y mAbxience, habría resultado beneficiado a través de acuerdos relacionados con la producción y provisión de vacunas asociadas a AstraZeneca y Sinopharm. Para Stornelli, esa situación configuraría un cuadro de potencial conflicto de intereses entre el sector privado y las decisiones sanitarias del Estado.
Delitos investigados y próximos pasos de la causa
El pedido de Stornelli incluye la convocatoria a indagatoria por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La hipótesis es que se habría privilegiado el beneficio económico de determinados grupos por encima de la necesidad de asegurar el acceso rápido y masivo a vacunas para la población.
- Se cuestiona la demora en el acuerdo con Pfizer y sus posibles motivos políticos y económicos.
- Se analizan los contratos firmados con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm y el rol de socios locales.
- Se investiga la incidencia de intereses privados en la definición de la estrategia de vacunación.
La fiscalía sostiene que la maniobra habría “privilegiado negocios privados por sobre la salud pública en un momento crítico de la pandemia”.
Ahora será el juez federal Ariel Lijo quien deberá decidir si hace lugar al planteo del fiscal y avanza con las citaciones. En caso de concretarse las indagatorias, se abrirá una nueva etapa clave en la causa, que podría derivar en procesamientos y profundizar el debate sobre cómo se definieron las políticas de compra de vacunas en la Argentina durante la emergencia por Covid-19.
