El pedido fue formulado por el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, y contó con el respaldo del presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, Luis Alberto Miguel.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, solicitó la intervención de la representación consular argentina en el caso de Agostina Páez, la abogada santiagueña detenida en Brasil y acusada de racismo. El pedido fue formalizado mediante una nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el objetivo de que la Cancillería realice gestiones para resguardar sus derechos y garantías fundamentales en el proceso penal que enfrenta en la ciudad de Río de Janeiro.
El escrito, ingresado este viernes, plantea la necesidad de que el Estado argentino verifique que el procedimiento judicial respete las garantías internacionales. En ese marco, Gil Lavedra afirmó que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas; es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”.
El titular del CPACF recordó además que “la República Argentina ha sostenido históricamente, en el ámbito internacional, un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos”, y solicitó que se activen los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes para asegurar que la letrada cuente con asistencia adecuada.
La solicitud recibió el respaldo de Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, donde Páez se encuentra matriculada. Asimismo, Gil Lavedra remitió una carta a la presidenta de la Orden de Abogados de Brasil Sección Río de Janeiro para requerir colaboración institucional. En esa nota pidió que “el proceso penal seguido contra la ciudadana argentina Páez se desarrolle con pleno respeto de las garantías del debido proceso, el derecho de defensa en juicio, la igualdad ante la ley y el acceso efectivo a la justicia”.
En paralelo, la abogada fue recibida por el cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perrén, junto a sus defensores. El funcionario explicó que el encuentro permitió “pulir la defensa” y recomendó a la familia evaluar la contratación de un abogado particular local, ya que un defensor de oficio podría haber “estirado los plazos” del proceso.
Páez sostuvo que el gesto que motivó la denuncia fue una “reacción emocional” y describió las consecuencias personales que atravesó desde entonces. “Nunca me imaginé la gravedad que podría implicar, así como no haber podido salir a la calle, vivir con miedo de que me hagan algo. Me tuve que mudar muy lejos porque ya se filtraba mi dirección”, relató en diálogo con TN.
La letrada manifestó arrepentimiento por la situación y expresó preocupación por su caso. Señaló que recibió malos tratos por parte de un policía asignado desde su detención, aunque evitó brindar detalles. “La mayoría de los policías me ha tratado bien, hay uno puntualmente que me ha hecho padecer todo este tiempo”, afirmó.
Actualmente, Páez permanece con tobillera electrónica y no puede salir del estado de Río de Janeiro, imputada por el delito de injuria racial. La defensa indicó que existe una construcción errónea de su imagen, potenciada por la mediatización del caso y por una campaña en Brasil que la condena por un delito que aún no fue probado en la Justicia.
