Avanza la denuncia contra la profesional que avaló la tenencia
La muerte de Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, sigue generando repercusiones judiciales e institucionales. En las últimas horas, el abogado Roberto Castillo impulsó una denuncia formal y pidió la suspensión de la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, a quien señala por haber respaldado que el menor viviera con su madre, Mariela Altamirano, hoy detenida e imputada en la causa.
Según consta en el petitorio al que accedió Noticias Argentinas, Castillo detalló ocho puntos en los que solicita que se investigue el rol de la profesional dentro del Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia (SPD) de Comodoro Rivadavia. El letrado considera que sus intervenciones fueron determinantes para que Ángel permaneciera bajo el cuidado de Altamirano, a pesar de los antecedentes de conflictividad en el entorno familiar.
Entre los requerimientos centrales, el abogado pide que se inicie una causa penal contra Leiva por presunto incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, emisión de un informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte, todos en concurso real. Además, reclama que, de manera urgente, se proceda al secuestro de su legajo profesional y personal tanto en el SPD como en el Colegio de Psicólogos de Chubut y en la Municipalidad local, incluyendo todos los informes técnicos que haya firmado en los últimos 24 meses.
El escrito también solicita la suspensión preventiva de la psicóloga en sus funciones dentro del organismo de protección de derechos, como medida cautelar destinada a evitar posibles entorpecimientos de la investigación y a impedir que se repitan conductas consideradas irregulares. A ello se suma el pedido de prohibición de salida del país para la denunciada, al menos hasta que se aclare su situación procesal.
Críticas al accionar profesional y cuestionamientos al sistema
En el mismo petitorio, Castillo plantea la necesidad de revisar expedientes del SPD vinculados a casos de revinculación familiar, ante la sospecha de que podrían haberse aplicado criterios similares en otros niños y niñas. También reclama que se reciba la prueba testimonial ofrecida y que se designe a un perito psicólogo forense independiente, ajeno a las instituciones involucradas, para garantizar imparcialidad en la investigación.
Días atrás, la Fundación Más Vida ya había presentado una denuncia contra Leiva y su colega Vanesa Marín. La organización cuestionó que ambas profesionales habrían elaborado informes favorables para que Altamirano obtuviera la tenencia de Ángel sin haber realizado previamente un análisis socioambiental completo, herramienta clave para detectar situaciones de riesgo en el entorno del niño.
- La denuncia apunta a informes técnicos que habrían avalado la tenencia sin evaluar el contexto de vulnerabilidad.
- Se pide revisar otros casos de revinculación familiar gestionados por el mismo servicio.
“Las profesionales ni siquiera conocían las condiciones en las que iba a vivir el niño porque no realizaron el informe ambiental”, señalaron desde la Fundación Más Vida.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los organismos de protección de la niñez y el control sobre los peritajes psicológicos que inciden en decisiones trascendentales, como la tenencia y la revinculación familiar. Mientras avanza la investigación penal por el crimen de Ángel, crece la presión para que también se revisen las responsabilidades institucionales que pudieron haber fallado en la prevención de una muerte evitable.
