Un decreto de la Municipalidad de Pinamar obliga a los infractores a pagar todos los costos que causen, desde atención médica hasta operativos de rescate.
Tras los graves hechos registrados en la zona de La Frontera, donde se produjeron varios heridos —entre ellos el niño Bastian—, el municipio de Pinamar decidió endurecer de manera significativa las sanciones por conducción indebida en playas y médanos. A través de un decreto, se estableció que los infractores deberán afrontar la totalidad de los costos derivados de los siniestros viales que provoquen, desde la atención médica hasta los operativos de rescate y mitigación ambiental.
La medida surge como respuesta directa a la reiteración de episodios de alto riesgo en zonas no habilitadas para la circulación de vehículos motorizados. Según informó El Mensajero de la Costa, el decreto —fechado el 16 de enero— busca desalentar estas conductas mediante un régimen sancionatorio más severo y con impacto económico directo sobre los responsables.
El nuevo marco normativo reglamenta y refuerza la Ordenanza Municipal N° 4794/16, incorporando multas considerablemente más elevadas. Las sanciones económicas pasan a oscilar entre 8.500 y 25.000 módulos, lo que equivale a montos que van desde 4 millones hasta 12 millones de pesos, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia.
Además, el decreto faculta a los agentes municipales a retener y secuestrar preventivamente los vehículos, cuando la conducta represente un peligro concreto para la vida, la integridad física de las personas o el ambiente natural.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la imputación total de los costos al infractor. En caso de siniestro, el responsable deberá cubrir todos los gastos derivados, incluyendo atención médica, internaciones, estudios, medicación y traslados sanitarios.
También se incorporan los costos de los operativos de emergencia, que abarcan recursos humanos, móviles y maquinaria, así como la intervención de distintas áreas municipales —Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente— y las tareas de reparación, limpieza y restauración de los espacios naturales afectados. El Municipio se reserva, además, el derecho de reclamar judicialmente el recupero total de los montos, tanto al infractor como al titular registral del vehículo.
El decreto exceptúa a los vehículos de rescate, emergencia y seguridad, y fue dictado ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, según precisó El Mensajero de la Costa.
