Tras el crimen de Ian Cabrera en una escuela de San Cristóbal, comenzaron a repetirse amenazas, pintadas y episodios vinculados a tiroteos en distintos puntos del país. Autoridades educativas y judiciales remarcan que no se trata de bromas ni desafíos virales, sino de delitos que pueden derivar en sanciones graves para los menores y sus familias.
El tiroteo ocurrido en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente asesinó a Ian Cabrera, de 13 años, durante un ataque armado en su escuela, encendió una alarma que rápidamente se extendió al resto del país. A partir de ese hecho, comenzaron a repetirse amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de distintas provincias, en un escenario que ya genera preocupación en las autoridades y en las familias.
En las últimas semanas se registraron mensajes intimidatorios, pintadas en baños escolares y también casos de alumnos que llevaron armas a los establecimientos. Los episodios no solo involucran a adolescentes, sino también a chicos de primaria, lo que profundizó la inquietud en la comunidad educativa.
Desde distintos sectores remarcan que estas conductas no pueden ser tomadas como bromas ni como simples imitaciones de contenidos virales. La advertencia apunta a que se trata de hechos delictivos que alteran el funcionamiento escolar, movilizan recursos estatales y generan temor en toda la comunidad.
La preocupación por el efecto contagio en las redes sociales
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la influencia de las redes sociales sobre los menores. Según plantean desde el ámbito educativo, plataformas como TikTok facilitan la circulación veloz de este tipo de contenidos y favorecen un efecto contagio entre chicos y adolescentes, que buscan replicar lo que ven sin medir la gravedad de sus actos.
La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, fue categórica al referirse a esta situación. “Esto no es una broma, no es un reto de TikTok, no es un challenge ni un trending topic, esto es un delito”, sostuvo. Su declaración buscó marcar un límite frente a una serie de episodios que dejaron de ser aislados para convertirse en una preocupación extendida.
La funcionaria también expuso que el problema ya alcanza a edades cada vez más bajas. “Encontramos pintadas en baños de primaria hecho por chicos de 10 o 11 años, no tienen dimensión de lo que están haciendo. Está afectando al orden público”, expresó. Esa observación refuerza la idea de que el fenómeno no solo crece en número, sino también en alcance dentro del sistema educativo.
Miguel planteó además la responsabilidad de las empresas de redes sociales en la regulación de estos contenidos. Al mismo tiempo, señaló el desafío que enfrentan los medios de comunicación a la hora de informar sobre estos casos sin contribuir a la viralización ni amplificar conductas que después son imitadas por otros menores.
El temor de las familias y el límite que piden las autoridades
El avance de estas amenazas ya tiene un efecto directo sobre la vida cotidiana de muchas familias. La ministra advirtió que el miedo comenzó a condicionar incluso la asistencia a clases, en un contexto donde cada nuevo mensaje o pintada genera incertidumbre sobre la seguridad en los establecimientos.
“Las familias tienen miedo, no quieren mandar a los chicos al colegio. Tenemos que poner un límite, parar un poco”, solicitó Miguel. La frase resume la preocupación que atraviesa a padres, docentes y directivos, que deben responder ante hechos que trastocan la rutina escolar y activan protocolos de urgencia.
En ese marco, también se mencionó que en muchos casos los padres se comprometieron a no entregarles teléfonos inteligentes a sus hijos, al menos hasta que terminen la primaria. La medida aparece como una forma de reducir la exposición temprana a contenidos que, según sostienen las autoridades, hoy circulan con facilidad y sin filtros suficientes.
Allanamientos, causas judiciales y costos que recaen sobre las familias
Desde la Justicia y los gobiernos provinciales ya dejaron en claro que estas amenazas no quedarán impunes. En los últimos días se realizaron allanamientos y se advirtió que las investigaciones avanzan en causas penales que, en numerosos casos, terminan alcanzando a las familias de los menores involucrados.
En Santa Fe, por ejemplo, los operativos policiales desplegados ante amenazas de este tipo pueden costar entre 5 y 6 millones de pesos. Ese monto, según se indicó, podrá ser reclamado a los padres. Esto incorpora una consecuencia económica de gran magnitud a un problema que ya tiene impacto penal e institucional.
En Mendoza, además, se advirtió que si un menor comete un delito o porta un arma, los padres pueden ser considerados “homicida indirecto”. Incluso podrían ser detenidos por incumplir sus deberes de cuidado. De ese modo, las autoridades buscan dejar un mensaje claro: detrás de cada amenaza, pintada o intimidación no solo hay una falta grave. También abarcan posibles responsabilidades judiciales concretas.
