El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la venta de un predio de casi tres hectáreas en el parque industrial Comirsa, sin licitación pública y sin identificar al comprador. La medida generó rechazo opositor y abrió un debate por el manejo del patrimonio municipal.
El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por mayoría una ordenanza que autoriza la venta directa de un terreno de casi tres hectáreas de propiedad municipal, ubicado en el acceso a Villa General Savio, dentro del área del parque industrial Comirsa, valuado en más de 2,5 millones de dólares. La iniciativa, impulsada por el Departamento Ejecutivo que conduce el intendente Mauro Poletti y respaldada por la mayoría oficialista que preside Marcela Isarra, generó un fuerte rechazo de la oposición y abrió un debate sobre el manejo del patrimonio público local.
El predio había sido recientemente transferido al Municipio con el acompañamiento de distintos bloques, bajo el argumento de que podía convertirse en una herramienta para promover inversiones productivas. Sin embargo, la ordenanza ahora aprobada establece una modalidad de venta directa, sin licitación pública y sin detallar quién será el comprador, con qué proyecto ni bajo qué condiciones se concretará la operación.
El expediente elevado al Concejo apenas incorporó una tasación oficial del Banco Provincia, que fijó el valor del terreno en aproximadamente 1.700 millones de pesos, y una descripción básica del inmueble, de 28.000 metros cuadrados, apto para instalaciones industriales. No se incluyeron dictámenes técnicos, estudios de impacto, informes jurídicos ni fundamentos que expliquen por qué se recurre a la excepción que habilita la venta directa, un mecanismo que, por normativa, debería utilizarse únicamente en situaciones plenamente justificadas.
Desde los bloques opositores se advirtió que la ordenanza no fija parámetros mínimos para seleccionar al eventual adquirente ni establece que la operación deba volver al ámbito legislativo una vez concretada. Esto implica que la totalidad de las decisiones queda concentrada en el Ejecutivo municipal, eliminando instancias de control posterior y debilitando la transparencia del proceso.
La concejal Soledad Agotegaray, del bloque Juntos por Ramallo, optó por abstenerse al señalar que solicitó sin éxito que se informara la partida presupuestaria y el destino concreto que tendrán los fondos obtenidos. Hechos y La Vecinal votaron directamente en contra, cuestionando la ausencia de información clave y el apuro con el que se impulsó el proyecto.
El tratamiento legislativo también despertó críticas por su inusual celeridad. El proyecto ingresó a mediados de diciembre y, en menos de dos semanas, fue aprobado en el recinto sin que se respondieran los pedidos de informes formulados en comisión. Como argumento informal se mencionó la situación financiera del Municipio, lo que para la oposición revela una urgencia recaudatoria que no puede justificar la entrega de patrimonio público sin garantías ni planificación.
La comparación con otros procesos recientes profundizó los cuestionamientos. En un predio lindero, el Municipio avanzó mediante licitación pública para instalar un sistema de control de tránsito pesado, con acompañamiento de todos los bloques. En este caso, en cambio, el oficialismo optó por un camino excepcional, aprobado sin modificaciones, sin precisiones y con una mayoría automática que vuelve a poner en el centro del debate el estilo de gestión de Poletti y el rol del Concejo presidido por Isarra.
