El juez Diego Amarante imputó a la cúpula dirigencial por retención de impuestos y aportes. No podrán salir del país y deberán cumplir restricciones.
El juez penal económico Diego Amarante procesó este lunes a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025. Además, dispuso embargos y medidas restrictivas.
“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, señaló la resolución.
El magistrado sostuvo que “la conducta desplegada por los nombrados implicó la omisión deliberada de ingresar en término los tributos retenidos, generando con ello una mayor disponibilidad de fondos para la entidad.”
La resolución también alcanza a Cristian Ariel Malaspina, secretario general, y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo, a quienes el juez consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.
Embargos y restricciones
Amarante embargó los bienes de la AFA por 350 millones de pesos, al considerarla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”.
El mismo embargo se impuso a Tapia y Toviggino. Ambos fueron procesados sin prisión preventiva, pero no podrán ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización judicial, tienen prohibido mudarse sin aviso previo y deberán presentarse cada vez que sean citados. Además, se mantuvo la prohibición de salida del país y la obligación de informar cada viaje.
En el caso de los otros tres imputados, se fijaron distintos montos de embargo y se les levantó la restricción para salir del país. La decisión puede ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
El rol de los dirigentes
Sobre Tapia, el juez afirmó que “detenta la representación legal de la entidad” y ocupa “una posición central en la estructura de toma de decisiones”, lo que “magnifica su responsabilidad”.
“En su carácter de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, detenta la representación legal de la entidad y, en consecuencia, una posición central en la estructura de toma de decisiones, lo que no puede ser soslayado al momento de evaluar su responsabilidad en los hechos investigados.”, sostuvo la resolución.
El fallo indicó que Tapia tenía conocimiento de los incumplimientos y participación en la operatoria, al autorizar la “gran mayoría de los giros relativos a pago de volantes electrónicos”. Además, señaló que contaba con la capacidad de decidir sobre el destino de los fondos y la priorización del cumplimiento de obligaciones fiscales.
Respecto de Toviggino, el juez destacó que su firma figuraba en la totalidad de los cheques de la AFA y que estaba autorizado para operar cuentas y realizar transferencias.
“Tenía a su cargo la intervención directa en la administración de los fondos de la entidad, lo que lo colocaba en una posición determinante respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias”, indicó la resolución.
El fallo remarcó que ambos contaban con “un control efectivo sobre los movimientos financieros” y que la falta de pago en tiempo y forma generó “una mayor disponibilidad de fondos”.
El 12 de marzo había declarado Tapia en la última de las indagatorias. Desde ese momento, comenzaron a correr los plazos procesales para definir la situación de los acusados. Todos presentaron escritos, negaron los cargos y evitaron responder preguntas. Sus defensas plantearon la inexistencia de delito y apelaron ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que aún no se expidió.
