Las defensas de Delfina “Fini” Lanusse y Hernán Boveri pidieron que se revoque la decisión judicial al sostener que no existen evidencias directas ni testigos. También objetaron el embargo millonario dispuesto por el juez.
Los abogados de Delfina “Fini” Lanusse y de Hernán Boveri, anestesistas procesados por administración fraudulenta en la causa por el presunto robo de ampollas de propofol en el Hospital Italiano, presentaron un recurso para que la Justicia revoque los procesamientos dictados en su contra.
La defensa de Lanusse sostuvo que no existen pruebas directas que la vinculen con los hechos investigados y calificó de “arbitrario” el embargo de $30.929.520 dispuesto por el juez Javier Sánchez Sarmiento.
En el escrito, los letrados cuestionaron que el magistrado rechazó medidas consideradas clave, como la citación de médicos y psicólogos que —según indicaron— podrían haber demostrado la inexistencia de consumo problemático de sustancias y “la imposibilidad material de las conductas que se le atribuyen a Lanusse”.
Cuestionamientos a los testimonios y a la reconstrucción del hecho
La apelación planteó que el procesamiento se basó en testimonios “de oídas” y en “apreciaciones subjetivas”, sin una reconstrucción concreta de tiempo, modo y lugar.
Según la defensa, no existe ningún testigo que haya observado a Lanusse sustraer medicación ni retirar fármacos de manera irregular. En esa línea, señalaron que las declaraciones en su contra se apoyan en “comentarios de terceros” y “percepciones personales”.
Algunos de los testigos, incluso, reconocieron que sus dichos provenían de lo que escucharon de otras personas, muchas de ellas ajenas al hospital. También indicaron que las médicas residentes desempeñan sus tareas bajo supervisión permanente.
Otros testimonios, según el recurso, solo expresaron “sospechas” sobre el estado anímico de Lanusse, aunque aclararon que nunca la vieron consumir sustancias ni detectaron faltantes de medicación. El testimonio de su amiga Chantal Leclercq, agregaron, se refirió a situaciones privadas sin vínculo con el ámbito hospitalario.
Informe del hospital y cuestionamientos al embargo
La defensa remarcó que el propio Hospital Italiano informó que “no se detectaron faltantes de medicación en los años investigados y que el control interno es capaz de registrar hasta la pérdida de una jeringa”.
Además, el arqueo realizado no arrojó diferencias, lo que —según los abogados— resulta “incompatible” con la hipótesis de una sustracción sostenida en el tiempo.
En otro tramo, los defensores señalaron que el juez no logró individualizar hechos concretos: no identificó fechas, lugares ni describió acciones específicas de apoderamiento o desvío de insumos.
El recurso también cuestionó el embargo dispuesto al considerar que el monto “no tiene correlato” con los hechos investigados ni con los supuestos perjuicios. Según la presentación, el propio juzgado reconoció que no pudo cuantificar el daño patrimonial.
De acuerdo con la apelación, la cifra fijada supera en un 323% los valores de los insumos presuntamente involucrados, según la documentación aportada.
Pedido de revocación y falta de mérito
En la presentación, la defensa solicitó la revocación total del procesamiento y el dictado de “falta de mérito”, además de la producción de pruebas pendientes.
De manera subsidiaria, pidieron una reducción “prudencial” del embargo a un monto acorde con la información brindada por el Hospital Italiano.
Para los abogados, la imputación contra Lanusse resulta “prematura, conjetural y carente de sustento probatorio suficiente”.
