Trabajadores y pacientes denuncian ajuste en salud en Mar del Plata
NewsITe
El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), ubicado en Mar del Plata, se convirtió en el nuevo foco de conflicto por el ajuste en la salud pública. Trabajadores, pacientes y personas con discapacidad se concentraron en el ingreso al establecimiento para visibilizar recortes presupuestarios, salarios rezagados y un funcionamiento que, según denuncian, está cada vez más condicionado por la falta de recursos.
El Inareps es un centro de referencia en rehabilitación a nivel nacional. Actualmente cuenta con alrededor de 390 trabajadores, unos 57 pacientes internados y una importante cantidad de prestaciones ambulatorias. Todos estos servicios, advirtieron los manifestantes, se ven hoy atravesados por el recorte de partidas y la demora en respuestas administrativas claves para el sostenimiento cotidiano del hospital.
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Uno de los puntos centrales del reclamo es el impacto que tuvo la pérdida de la descentralización del instituto, que pasó a depender de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES). De acuerdo con los delegados gremiales, este cambio se tradujo en una caída de recursos, mayores trabas burocráticas y tiempos de respuesta más largos para cuestiones operativas esenciales.
Delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron además que desde enero se dejó de abonar una parte de la coparticipación salarial, lo que deterioró aún más los ingresos del personal. Según detallaron, hay trabajadoras y trabajadores que perciben entre $600.000 y $700.000 mensuales, montos que consideran insuficientes frente al aumento del costo de vida y a la responsabilidad que implica la atención de pacientes con alta dependencia y necesidad de rehabilitación intensiva.
La situación, remarcaron, llegó a un punto límite: en algunos casos son los propios empleados quienes terminan costeando de su bolsillo insumos o reparaciones edilicias. Un ejemplo reciente fue la compra de un instrumento necesario para que continuara funcionando una de las piletas de rehabilitación, un servicio clave dentro del esquema de tratamientos que ofrece el instituto.
Desde el sector de pacientes y familias también expresaron preocupación por la continuidad de las prestaciones. Señalaron que los recortes y la falta de previsibilidad en el financiamiento afectan directamente la calidad de la atención y generan incertidumbre sobre la posibilidad de sostener terapias prolongadas, sobre todo en el caso de personas con discapacidad que dependen del Inareps para su rehabilitación integral.
Reclamo gremial y falta de respuestas oficiales
Los manifestantes apuntaron a la ausencia de respuestas por parte de las autoridades nacionales, pese a las notas y pedidos formales elevados en los últimos meses. Vincularon la crisis del instituto con la falta de implementación efectiva de la emergencia en discapacidad, un reclamo que viene siendo retomado por organizaciones de usuarios, familiares y entidades del sector en distintos puntos del país.
En ese marco, desde ATE y otras expresiones gremiales no descartan profundizar las medidas de fuerza si no aparecen señales de diálogo. Entre los pedidos centrales figuran la restitución de los componentes salariales recortados, el refuerzo del presupuesto operativo, la revisión del esquema de administración bajo la ANES y la garantía de continuidad de todas las prestaciones para personas con discapacidad.
- Restitución de la coparticipación salarial y recomposición de haberes.
- Aumento del presupuesto para mantenimiento, insumos y equipamiento.
- Resguardo de la continuidad de tratamientos y prestaciones ambulatorias.
- Apertura de una mesa de diálogo con autoridades nacionales del área de Salud.
“El deterioro ya no es un dato discursivo: se siente todos los días en la atención y en la calidad de vida de los pacientes”, advirtieron trabajadores del Inareps durante la protesta.
Mientras se aguarda una respuesta oficial, el clima en el Inareps sigue cargado de preocupación. Trabajadores y usuarios insisten en que el instituto cumple un rol estratégico en la rehabilitación de personas con discapacidad y que su desfinanciamiento refleja, una vez más, el impacto del ajuste en uno de los sectores más sensibles: la salud pública.
