El objetivo del proyecto es erradicar el nepotismo en los tres poderes del Estado. La iniciativa fue presentada por el diputado de Fuerza Patria Ricardo Lissalde y propone establecer restricciones para impedir la designación de familiares en cargos públicos.
El eje central del proyecto es la prohibición de nombrar parientes dentro de un amplio rango de vínculos, que incluye cónyuges, convivientes y familiares en línea directa, colateral o por afinidad hasta el tercer grado inclusive. La medida alcanza a funcionarios con jerarquías iguales o superiores a director, jefe o asesor, lo que amplía significativamente el alcance dentro de la estructura estatal.
Además, la iniciativa apunta a cerrar mecanismos utilizados para eludir controles, como las designaciones cruzadas entre distintas dependencias. En ese sentido, se busca impedir que funcionarios coloquen familiares en otras áreas del Estado como forma indirecta de sortear restricciones.
El proyecto contempla algunas excepciones. Por un lado, excluye a los cargos políticos y a las contrataciones transitorias, aunque establece que esos vínculos deberán finalizar junto con el mandato del funcionario que los designó. De esta manera, se introduce un límite temporal para evitar que esas designaciones se perpetúen.
También se fijan criterios para determinar cuándo no se configura nepotismo. Quedan exceptuados quienes ya trabajaban en el Estado antes de la asunción del funcionario, quienes accedieron mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, y aquellos que llegaron a sus cargos a través de elecciones.
Otro punto relevante es la regulación de las relaciones jerárquicas. En ese sentido, se prohíbe que un funcionario tenga bajo su supervisión directa a un familiar cercano. En esos casos, la autoridad deberá disponer traslados sin afectar la categoría del trabajador.
La propuesta incluye un régimen de sanciones para quienes incumplan la norma, que podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales. Asimismo, el Poder Ejecutivo tendría facultades para impulsar sumarios o realizar denuncias en caso de detectar irregularidades.
El proyecto retoma experiencias de otras provincias argentinas como Río Negro, Jujuy y Mendoza, que ya cuentan con regulaciones similares, y también incorpora ejemplos de legislación internacional donde se priorizan criterios de mérito, transparencia y concursos públicos.
