Las subas impulsadas por la gestión de Mauro Poletti derivaron en cautelares, reclamos de empresas y productores y una creciente judicialización de la política tributaria local.
El aumento sostenido y desmedido de las tasas municipales en Ramallo abrió un escenario inédito: la proliferación de medidas cautelares, presentaciones judiciales y conflictos que ya no se dirimen en el Concejo Deliberante ni en las oficinas municipales, sino en los tribunales. Bajo la gestión del intendente Mauro Poletti, la política tributaria local se transformó en el principal foco de tensión entre el Ejecutivo, los grandes contribuyentes, los sectores productivos y parte de la oposición, en un contexto marcado además por la falta de prestación de servicios esenciales.
Desde el inicio de su segundo mandato, Poletti impulsó un fuerte ajuste vía tasas municipales. El eje de su discurso fue trasladar el peso del financiamiento municipal a quienes “más tienen”, buscando aliviar al vecino común. Sin embargo, esa estrategia terminó generando un efecto dominó de conflictos judiciales.
El primer gran frente se abrió con la empresa Ternium, a raíz de los incrementos de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), que llegaron a superar el 140% interanual y elevaron la carga mensual a cifras millonarias. La empresa recurrió a la Justicia, obtuvo medidas cautelares y comenzó a depositar los montos en cuentas judiciales, lo que produjo un impacto directo en la recaudación y desfinanció parcialmente al municipio.
El conflicto no quedó allí. Con la sanción de un nuevo Código Tributario, el Ejecutivo avanzó no sólo en aumentos generalizados, sino también en la creación de nuevas tasas. Entre ellas, una Tasa de Mantenimiento Vial del 2% sobre los combustibles, que generó un nuevo frente judicial. Desde la oposición se presentó una acción cautelar cuestionando su constitucionalidad, al advertir que se trata de un gravamen de carácter recaudatorio, sin una contraprestación clara, que impacta en el precio del combustible y termina siendo absorbido por todos los vecinos y sectores productivos.
A este escenario se sumó recientemente la aprobación de un incremento general del 50% en las tasas municipales, porcentaje que quedó ampliamente por encima de la inflación anual, que cerró en torno al 31,5%.
La medida encendió la alarma en entidades agropecuarias, que denunciaron un aumento desproporcionado de los costos vinculados al mantenimiento de la red vial, en un contexto donde —según sostienen— los servicios no se prestan de manera adecuada. Productores advierten que hace más de dos años no se realizan mejoras significativas en los caminos rurales, clave para el movimiento de la producción durante la cosecha gruesa, y ya evalúan recurrir también a la Justicia.
En paralelo, la crisis financiera municipal profundiza el malestar. Se acumulan deudas millonarias con proveedores, hay dificultades en la prestación de servicios básicos y se registran falencias en la atención del hospital local. Frente a ese panorama, el Ejecutivo analiza la venta de tierras municipales para cubrir gastos corrientes, una decisión que genera controversia y suma otro elemento de tensión política.
Así, Ramallo parece haber encontrado en los tribunales una nueva “dependencia” para resolver conflictos que antes se canalizaron por la vía política o administrativa. La proliferación de medidas cautelares, la judicialización de los tributos y la falta de consensos con los sectores afectados configuran un escenario donde la discusión ya no pasa sólo por cuánto se paga, sino por qué se paga y qué servicios se reciben a cambio. Mientras la Justicia avanza en el análisis de cada caso, la incertidumbre se instala entre contribuyentes y productores, y la gobernabilidad local queda atravesada por un conflicto que promete extenderse.
