Unión por la Patria, Provincias Unidas e Izquierda pidieron frenar el DNU del Gobierno. El PRO espera los protocolos de aplicación antes de fijar postura definitiva y la UCR aún no definió su posición.
Los bloques opositores de Unión por la Patria, Provincias Unidas e Izquierda rechazaron de plano el DNU que reforma la Ley de Inteligencia, mientras que el PRO mostró cautela y adelantó que definirá su postura cuando se conozcan los protocolos de aplicación de la normativa.
Posturas en el Congreso
En cambio, la UCR y los bloques provinciales dialoguistas aún no fijaron su posición sobre el DNU 941, que el Gobierno debe enviar al Congreso para su análisis en la comisión de Trámite Legislativo, encargada de determinar si se ratifica o se rechaza la reforma.
Fuentes legislativas del PRO informaron que esa fuerza política conformó un equipo especializado que se encuentra evaluando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo cambios en la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
Señalaron que el tema “es central para la seguridad y la defensa del país”, por lo que la postura inicial es “actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”.
Destacaron además que la modificación de la ley de inteligencia a través de un DNU es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos.
Críticas a los puntos más polémicos
Los opositores cuestionaron con énfasis los aspectos más controvertidos del decreto, que incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.
Desde el kirchnerismo, el exministro de Defensa Agustín Rossi afirmó que el Congreso “tiene que rechazar el decreto que no mejora el funcionamiento del Sistema de Inteligencia y atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano”.
A través de X sostuvo que “nada bueno sale de ahí para los ciudadanos argentinos. Peor aun: es gravísimo”.
Rossi advirtió como uno de los puntos más preocupantes que se “transforma a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’, habilitando a que aprehendan personas sin orden judicial. La SIDE se convertirá en una fuerza parapolicial”.
El cura y diputado kirchnerista Juan Carlos Molina afirmó que la reforma “es inconstitucional y es peligrosa. En el Congreso de la Nación no podemos dejar pasar esta barbaridad”.
Cuestionamientos dentro de UxP
La diputada de Unión por la Patria, María Teresa García, pidió rechazar el DNU. Señaló: “La democracia no nos privó de escuchas ilegales y jugarretas de inteligencia contra opositores políticos, qué puede salir mal si el Estado le otorga a los organismos de inteligencia facultades de aprehensión de los ciudadanos, si se extiende el secreto mediante el cual se desvían gastos reservados y si se permite que todas sean actividades encubiertas (léase, prácticamente sin control)”.
Alertó luego: “Riesgo es el espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder. La reforma es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia de modificar la ley por decreto. Si quieren avanzar con una modificación deben realizarlo a través del Congreso Nacional”.
La posición de Provincias Unidas
El bloque Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia, rechazó el decreto que “pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”.
El interbloque cuestionó que “continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU”. Y agregó: “Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución”.
También criticó que el DNU declare que “todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter encubierto, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”.
Reclamo desde la izquierda
Por su parte, la diputada de izquierda Myriam Bregman sostuvo que el decreto “es un acto ilegal, no se puede disponer por decreto sobre la vida, la libertad, la información personal de todos los habitantes”.
En declaraciones periodísticas pidió: “Hay que anular urgente este DNU, esto no puede ir a la Bicameral de Inteligencia y hacer el proceso de un decreto y todo el mundo ponerse a discutir. El Congreso en la primera oportunidad que tenga, se debe reunir y anular rápidamente esta norma que emana del Poder Ejecutivo”.
