La central obrera sale a la cancha mientras sigue la negociación en el Senado
NewsITe
El Gobierno nacional y la CGT retomarán la semana próxima la mesa de negociación por la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Mientras se afinan las conversaciones técnicas en el Senado, la central obrera decidió desplegar una fuerte ofensiva política: una gira por varias provincias para sumar a los gobernadores a su estrategia de freno o modificación profunda del proyecto oficial.
Los cotitulares de la CGT, Jorge Sola (seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), planifican una primera recorrida por Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, para luego avanzar hacia la Patagonia y reunirse con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El objetivo es claro: evitar que el Senado apruebe la versión de la reforma laboral tal como fue enviada por el Poder Ejecutivo.
El principal eje de la campaña sindical ante los gobernadores será el impacto fiscal del capítulo impositivo incluido en la iniciativa. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calcula que los cambios en el Impuesto a las Ganancias implicarían un costo anual directo equivalente al 0,22% del PBI, unos $1,9 billones. De ese monto, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires soportarían una merma cercana a $1,12 billones en concepto de coparticipación, lo que encendió las alarmas en varias administraciones locales.
Los puntos más tensos de la negociación
En paralelo a la presión política de la CGT, en el Senado comenzará a trabajar una comisión técnica encabezada por la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Allí se discutirán posibles retoques al texto con representantes sindicales, con la intención oficial de lograr un dictamen hacia fines de enero.
Uno de los núcleos duros del conflicto es el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical. El Gobierno sostiene que la redacción se ajusta a estándares de la OIT y evita que un actor social deba trabajar para otro. La CGT advierte que se trata de un golpe directo a su financiamiento.
En contraste, la Casa Rosada muestra disposición a flexibilizar las restricciones a las llamadas “cuotas solidarias”, aportes pactados en convenios colectivos y extendidos a no afiliados, que funcionan como uno de los pilares económicos de los gremios. También hay margen para revisar la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales como transporte, educación y salud, dejando en manos de la Comisión de Garantías la fijación de eventuales servicios mínimos.
Fondo de despidos, obras sociales y poder sindical
Otro capítulo delicado es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones por despidos sin causa. El esquema prevé que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta a cambio de una reducción equivalente en sus contribuciones patronales. Especialistas advierten que esto podría desfinanciar el sistema previsional, con una pérdida estimada en unos 3.000 millones de dólares anuales. Desde el Ministerio de Economía aseguran que otros tributos, como el IVA, garantizarían la sustentabilidad del régimen jubilatorio, pero la CGT exige números detallados antes de convalidar la propuesta.
En el terreno de la negociación colectiva, la central obrera busca frenar la prelación de los convenios por empresa por encima de los acuerdos por actividad y limitar el incentivo a la creación de sindicatos empresariales, una figura ya prevista en la ley pero históricamente marginal frente al unicato por rama. El oficialismo estaría dispuesto a eliminar el artículo que facilita la expansión de estos sindicatos de empresa.
También persisten las diferencias por los límites a la actividad de los delegados gremiales, como el tope de 10 horas mensuales pagas para tareas sindicales y la obligación de pedir autorización previa a los empleadores para realizar asambleas en los lugares de trabajo. El Gobierno considera que estas normas aportan previsibilidad a las empresas, mientras que la CGT las ve como un cercenamiento de la representación obrera.
- Reducción de la contribución patronal a obras sociales del 6% al 5%, con un posible recorte de hasta 700 millones de dólares anuales.
- Reforma del Impuesto a las Ganancias que recorta la base coparticipable y tensiona la relación con las provincias.
- Reconfiguración del sistema de convenios colectivos y del financiamiento sindical.
En la CGT admiten que la reforma laboral tiene altas chances de ser aprobada, pero remarcan que su objetivo es “limitar el daño” y preservar el corazón del modelo sindical argentino.
Las próximas semanas estarán marcadas por negociaciones contrarreloj, movimientos en el Congreso y presión territorial sobre los gobernadores. Aunque todo indica que la reforma laboral avanzará, el texto final aún está en disputa y será el resultado del pulso entre el Gobierno, el sindicalismo y las provincias.
