Tres de los acusados quedaron con prisión preventiva y uno bajo medidas de conducta, mientras la investigación sigue sin novedades sobre el paradero de la mujer desaparecida desde el 4 de abril.
Cuatro personas fueron imputadas este jueves en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal en el marco de una investigación por extorsión que combina microtráfico de drogas y hechos de violencia. De ese total, tres quedaron con prisión preventiva y una bajo medidas de conducta. En la misma resolución, otras dos personas fueron liberadas sin imputación.
La causa gira en torno a la desaparición de Alicia Isabel Godoy, de 30 años, quien fue vista por última vez el 4 de abril. Hasta el momento, no se registraron contactos ni pruebas de vida, y su paradero continúa siendo desconocido.
La fiscal Paula Barros sostuvo que un grupo de seis personas actuó de manera coordinada para privar de la libertad a la mujer y exigir dinero a su entorno, en un contexto vinculado a una presunta deuda por consumo de estupefacientes. Según la acusación, la víctima fue retirada de su domicilio en la zona de Flammarion al 4900 y trasladada a otra vivienda en Vuelta de Obligado al 4900, donde habría permanecido retenida.
En paralelo, familiares denunciaron que fueron amenazados con armas y obligados a realizar pagos para “recuperarla”. De acuerdo a la investigación, hubo entregas de bienes y transferencias de dinero a cuentas vinculadas a dos de las imputadas, en una maniobra que incluyó la participación de una menor de edad.
Durante la audiencia, la jueza de primera instancia rechazó el planteo de la defensa que cuestionaba la competencia de la Justicia provincial. Además, descartó la calificación de secuestro extorsivo agravado en algunos casos y la redujo a extorsión, en función de la evidencia reunida hasta el momento.
En cuanto a las medidas dispuestas, la magistrada ordenó la prisión preventiva hasta el 13 de agosto para tres de los acusados, mientras que otro imputado quedó en libertad con restricciones: deberá fijar domicilio, no acercarse a las víctimas y presentarse semanalmente ante la Justicia. En tanto, dos personas fueron liberadas luego de que se rechazara la imputación en su contra.
La investigación del Ministerio Público de la Acusación también incluyó la presunta existencia de una estructura de microtráfico de drogas que operaba desde al menos marzo en la zona sur de la ciudad. A partir de peritajes telefónicos y denuncias al 911, los investigadores sostienen que existía una organización con roles definidos para la compra, fraccionamiento y venta de cocaína en distintos puntos de expendio.
Según el reporte oficial, el análisis de conversaciones de WhatsApp permitió reconstruir el funcionamiento de ese esquema, con una división de tareas entre los involucrados que reforzaría la hipótesis de una actividad delictiva organizada. Mientras tanto, la búsqueda de la mujer desaparecida continúa sin resultados.
