Investigan red de abusos y sometimiento en el Senado bonaerense
NewsITe
La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires quedó en el centro de una grave investigación judicial por presuntos abusos sexuales reiterados y el funcionamiento de una secta que habría operado durante años bajo la fachada de militancia política y espacios laborales. Dos empleados legislativos y referentes del kirchnerismo, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, permanecen detenidos mientras la Justicia avanza sobre posibles encubrimientos y responsabilidades dentro del Estado provincial.
Ambos fueron apresados el 30 de diciembre, tras un allanamiento en su vivienda de La Plata. Rodríguez, docente y dirigente del Movimiento Ciudadano La Capitana, y Silva Muñoz, militante feminista y exprecandidata a concejala, están señalados por al menos cinco mujeres que denunciaron abusos sexuales, amenazas, manipulación psicológica y sometimiento espiritual.
Según los testimonios, la pareja se presentaba como líder y maestra espiritual de una supuesta organización mística llamada “La Orden de la Luz”. A través de promesas de pasantías en el Estado, becas estudiantiles y participación en actividades políticas, habrían captado a adolescentes o jóvenes recién egresadas de la secundaria entre 2015 y 2023. Parte de los hechos se habría consumado en dependencias de la propia Cámara alta bonaerense.
La fiscal Betina Lacki, a cargo del caso, pidió al juez de Garantías Juan Pablo Masi que se extienda por 15 días la detención de los acusados, a la espera de peritajes sobre celulares y computadoras secuestradas, nuevas declaraciones testimoniales y documentación requerida formalmente al Senado. Uno de los puntos clave es determinar con precisión desde cuándo y en qué condiciones estaban contratados Rodríguez y Silva Muñoz, quienes habrían ocupado cargos desde hace más de una década en oficinas ligadas a la Presidencia del cuerpo.
Relatos de las víctimas y sospechas de encubrimiento
Las cinco víctimas declararon en dos causas que podrían unificarse en el Poder Judicial bonaerense. Coinciden en describir un modus operandi: primero se ofrecían oportunidades de formación, militancia o trabajo; luego, en ámbitos privados, comenzaban los abusos y las amenazas. En uno de los casos, una joven relató que, siendo menor de edad, Rodríguez la habría obligado a practicarle sexo oral tras exhibir cuchillos y una navaja como forma de intimidación.
Los testimonios también ponen bajo la lupa el desempeño de funcionarias del área de Género del Senado y del Ministerio de Seguridad bonaerense, quienes habrían recibido información temprana sobre los hechos sin impulsar de manera efectiva la denuncia judicial. Una de las denunciantes aseguró haber entregado un detallado informe a una abogada de la Cámara alta en 2024, y luego haber sido derivada al Ministerio de las Mujeres para un supuesto acompañamiento que nunca se tradujo en avances concretos.
En paralelo, otra funcionaria del Ministerio de Seguridad habría intervenido en el vínculo con un abogado que, según las víctimas, les prometió una causa avanzada y citaciones a indagatoria que no existían. Meses después, al acudir por sus propios medios a los tribunales, las mujeres comprobaron que no estaban representadas legalmente y que las pruebas aportadas no habían sido incorporadas al expediente en los términos que se les había informado.
La “Orden de la Luz” y el entramado sectario
En el expediente judicial se detalla cómo la dimensión mística funcionaba como un mecanismo de control y sometimiento. Rodríguez se autoproclamaba “Dios Kiei” y Silva Muñoz era descripta como “sensei” o guía espiritual. Bajo la promesa de un “reentrenamiento espiritual obligatorio”, las víctimas habrían sido forzadas a mantener relaciones sexuales, sometidas a castigos físicos y aisladas de su entorno social.
Las denunciantes aportaron correos electrónicos donde se mencionan batallas contra demonios, desastres naturales inminentes y presuntas misiones secretas para las cuales debían esperar en la vía pública. También se les habría prohibido el contacto con varones ajenos a la agrupación. La Justicia intenta corroborar el origen de esos mensajes y rastrear más material en los dispositivos electrónicos secuestrados.
Algunas jóvenes relataron escenas de violencia extrema: una de ellas contó que fue obligada a intentar apagar fuego con la mente, y que, al no lograrlo, debió apagar las llamas con las palmas de sus manos como castigo. Otros testimonios describen la aparición de Rodríguez en los domicilios de las víctimas con la cara pintada de negro y portando catanas, en una suerte de puesta en escena vinculada a una identidad de “guerrero ancestral”.
Responsabilidades institucionales bajo la lupa
- Investigación sobre eventuales encubrimientos en áreas de Género y Seguridad.
- Pedidos formales de información al Senado bonaerense por parte de la Fiscalía.
- Peritajes informáticos y análisis de correos electrónicos y mensajes.
- Denuncias por abuso sexual agravado, amenazas y manipulación sectaria.
En su resolución, el juez Masi sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que las víctimas eran encerradas, privadas de la posibilidad de escapar y sometidas a abusos sexuales reiterados, en algunos casos con participación activa de Silva Muñoz.
La causa se encuentra en pleno desarrollo y no se descarta que surjan nuevas víctimas o imputados. Más allá de las responsabilidades penales individuales, el expediente abre un debate de fondo sobre los mecanismos de control, prevención y respuesta que deben operar dentro del Estado provincial ante denuncias de violencia de género y abusos de poder en ámbitos laborales y políticos.
