“La falta de respuestas estructurales y la invisibilización de las necesidades de este colectivo y sus familias impactan directamente en su calidad de vida, en los apoyos, en los tratamientos y en sus derechos. Hoy más que nunca, es momento de escuchar, de actuar y de garantizar que ningún derecho retroceda”, expresó a EL NORTE la especialista en Gestión de Servicios para la Discapacidad.
De la Redacción de EL NORTE
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La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley la semana pasada, un aumento a los jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad (con 55 votos a favor y ninguno en contra -17 ausentes). Tras la sesión, el presidente de la Nación, Javier Milei, anticipó que vetará las iniciativas y señaló que si el Congreso insiste con los proyectos podría judicializar la sesión. El mandatario aseguró que tomará esa medida porque las leyes aprobadas “atentan contra el equilibrio fiscal”. Sus declaraciones generaron incertidumbre y malestar en los sectores afectados. “Si se veta la Ley de Emergencia en Discapacidad, se pondrían en riesgo prestaciones esenciales”, marcó a EL NORTE la especialista en Gestión de Servicios para la Discapacidad y directora Ejecutiva de Cooperanza María Florencia Moliterno.
“Obligaciones concretas”
“El sector de las personas con discapacidad atraviesa un momento crítico. La reciente aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Senado fue una señal de esperanza en medio de una profunda crisis, pero nos duele profundamente la posibilidad de que esta norma sea vetada. De concretarse el veto, se pondrían en riesgo prestaciones esenciales que ya han sido reconocidas por ley y por tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención, firmada y ratificada por nuestro país, establece obligaciones concretas para garantizar la plena inclusión, participación y dignidad de las personas con discapacidad”, sostuvo Moliterno.
Y agregó: “La falta de respuestas estructurales y la invisibilización de las necesidades de este colectivo y sus familias impactan directamente en su calidad de vida, en los apoyos, en los tratamientos y en sus derechos. En este contexto, celebramos la unidad de tantas organizaciones, familias y profesionales que, a pesar del desgaste, siguen sosteniendo con compromiso y amor una red de contención que no debería depender únicamente de su esfuerzo. Hoy más que nunca, es momento de escuchar, de actuar y de garantizar que ningún derecho retroceda”.
Prestadores locales
Por su parte, desde el colectivo local de prestadores manifestaron a este medio: “La aprobación en el Senado para nuestro sector es un gran paso dado, que la ley haya sido aprobada por unanimidad fue trascendental. Las palabras posteriores del presidente opacaron un poco esta alegría, veremos qué pasa. Si la veta vuelve al Senado, que ojalá la siga aprobando. Si la judicializa no sabemos qué puede llegar a pasar porque tal vez es un proceso que tarda mucho tiempo. Seguimos en estado de alerta, más fuerte que nunca. Seguimos apoyando la ley y vamos a defenderla para que no sea vetada. Esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible porque la situación sigue siendo crítica y seguimos en emergencia”.
Necesidad de actualización
Desde hace tiempo, los profesionales y entidades que brindan servicios esenciales —como terapias, transporte, educación especial y centros de día, entre otros— denuncian que el dinero que reciben por su trabajo no alcanza para cubrir los costos reales. Según los prestadores, los valores que paga el Estado, que deberían actualizarse periódicamente, se encuentran atrasados más del 70%. Esta brecha hace que mantener abiertos estos servicios sea cada vez más difícil y pone en riesgo la continuidad de la atención para miles de personas en relación a cuestiones fundamentales como la rehabilitación y la inclusión educativa y social.
La ley establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas. A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes. Se pedirá la actualización de estos montos, que para junio de 2025 es de $213.286,50. Por otro lado, se plantea aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero de 2023.
Legisladores de la oposición señalaron que los fondos necesarios para afrontar los gastos que generan las nuevas leyes podrían salir de otros rubros.
