El Ejecutivo local impulsa una asistencia temporal mientras se organiza un esquema propio ante la caída del programa provincial.
La suspensión del Programa MESA por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó al descubierto una problemática que va más allá de la coyuntura: la fuerte dependencia de los municipios respecto de políticas provinciales y la falta de planificación local para afrontar emergencias sociales. En este contexto, el intendente Mauro Poletti anunció la creación de un Programa Alimentario Municipal que, en principio, buscará cubrir durante tres meses la asistencia a familias vulnerables del distrito.
La medida aparece como una respuesta necesaria, pero también evidencia una reacción tardía. Durante años, el esquema de asistencia alimentaria en Ramallo se apoyó casi exclusivamente en programas provinciales como MESA, sin generar una estructura propia que permitiera anticipar escenarios de crisis o interrupciones. La falta de previsión dejó a numerosas familias en una situación de incertidumbre apenas se conoció la suspensión.
Desde el Ejecutivo local se informó que el nuevo programa será coordinado por las áreas de Desarrollo de la Comunidad y Educación, y contará con la conformación de una Mesa de Abordaje Territorial integrada por Jefatura Distrital, iglesias y clubes. Sin embargo, la iniciativa, aún en etapa de diseño, llega cuando la demanda ya es urgente, lo que pone en duda su capacidad de implementación inmediata y efectiva.
Por otro lado, la decisión del gobierno bonaerense de suspender el Programa MESA también merece un análisis crítico. Si bien se argumenta que la medida responde a una deuda del Gobierno Nacional con la provincia, lo cierto es que las consecuencias recaen directamente sobre los sectores más vulnerables. La interrupción de un programa alimentario sin un esquema de contingencia claro expone una preocupante fragilidad en la gestión de políticas sociales esenciales.
El caso de Ramallo refleja una doble falencia: por un lado, una provincia que no logra garantizar la continuidad de programas básicos en contextos de conflicto financiero; por otro, un municipio que no desarrolló herramientas propias para reducir su dependencia y actuar con mayor autonomía. En ese cruce de responsabilidades, quienes terminan afectados son los vecinos que dependen de la asistencia diaria.
El desafío ahora será no solo implementar el programa de emergencia anunciado, sino también repensar el modelo de gestión social a mediano y largo plazo. La experiencia reciente debería funcionar como un punto de inflexión para construir políticas locales más sólidas, con capacidad de respuesta ante contingencias externas.
