El Gobierno apuesta a la biotecnología para dinamizar al agro
NewsITe
En una nueva edición de Jonagro, el foro que reúne a referentes del sector agropecuario en Buenos Aires, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, delineó la hoja de ruta del Gobierno nacional para el campo y colocó en el centro del debate a una vieja cuenta pendiente: la reforma de la Ley de Semillas.
Ante productores, empresarios y dirigentes rurales, el funcionario adelantó que la Casa Rosada trabaja en un proyecto para modernizar el marco legal que regula la biotecnología y la propiedad intelectual en semillas. Según planteó, esa modificación es “una reforma estructural e indispensable” para lograr un verdadero salto productivo en la Argentina.
Sturzenegger habló luego de la apertura a cargo de Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y repasó el paquete de medidas de desregulación impulsadas por la administración de Javier Milei. En ese contexto, destacó que el agro aparece como uno de los sectores con mayor capacidad para reaccionar rápidamente ante un cambio de reglas de juego más previsibles.
Cambio de rol para el Inase y foco en la propiedad intelectual
Uno de los anuncios más llamativos fue el referido al futuro del Instituto Nacional de Semillas (Inase). El ministro explicó que el Gobierno prevé retirarlo de la fiscalización directa y transferir esa potestad al sector privado. “Lo que estamos haciendo con el Inase es transferir la potestad de la fiscalización al sector privado; el Inase va a quedar como un tribunal de alzada cuando hay conflicto”, señaló.
Bajo este nuevo esquema, el organismo se concentraría en actuar como una instancia de apelación ante controversias, mientras que el control cotidiano de semillas y eventos biotecnológicos quedaría en manos de empresas y entidades privadas. La iniciativa se inscribe en la lógica de desregulación que promueve la actual gestión, con menos presencia del Estado en la supervisión directa.
Sturzenegger defendió, además, la necesidad de reforzar la protección de la propiedad intelectual en semillas. A su entender, no se trata de un privilegio para las compañías desarrolladoras de genética, sino de una herramienta para garantizar competitividad al propio productor. “El derecho a la propiedad de la semilla es defender al productor, para que tenga la posibilidad de acceder a la mejor genética”, argumentó.
Comparaciones internacionales y potencial productivo
Para ilustrar el impacto de un marco normativo más estricto, el ministro comparó la experiencia argentina con la de otros países, en particular Brasil. Mencionó el caso del algodón, donde la adopción de biotecnología protegida por patentes permitió incrementos significativos de rendimiento y competitividad en el mercado internacional.
- En Brasil, la validación de patentes en semillas facilitó la llegada de nuevas tecnologías.
- En Argentina, la falta de certezas legales desincentivó inversiones y frenó el ingreso de genética de última generación.
- Según Sturzenegger, con un nuevo marco de propiedad intelectual el país podría incluso duplicar la producción de algodón.
“No tener derecho de propiedad nos ha afectado fundamentalmente la productividad. La Argentina podría duplicar la producción de algodón si incorpora genética de mayor potencial”, sostuvo el ministro durante su discurso en Jonagro.
El mensaje oficial apunta a mostrar a la futura Ley de Semillas como un pilar de la estrategia económica para el agro, en un escenario en el que el Gobierno busca señales de recuperación de la actividad. La discusión promete reavivar tensiones históricas dentro del sector, entre quienes reclaman mayor protección a la innovación y quienes alertan por los costos que estas regulaciones pueden implicar para los productores más chicos.
Mientras tanto, el Ejecutivo acelera contactos con las entidades del campo y actores de la cadena agroindustrial para intentar construir consensos y evitar que la iniciativa quede trabada en el Congreso, como ocurrió en intentos anteriores. El resultado de ese diálogo será clave para determinar si el prometido “salto productivo” encuentra respaldo político suficiente para hacerse realidad.
