La concejala Cecilia Giammaria presentó una acción judicial para frenar la tasa del 2% sobre el combustible destinada al mantenimiento vial. El oficialismo defendió el tributo, pero el debate ahora pasó a la Justicia y reabrió dudas sobre control, legalidad y destino de los fondos.
La polémica por la tasa del 2% al combustible destinada al mantenimiento vial sumó un nuevo capítulo en Ramallo luego de que la concejala de HECHOS, Cecilia Giammaria, presentara una acción judicial para frenar su implementación. La iniciativa busca que la Justicia evalúe la legalidad del gravamen aprobado por el Concejo Deliberante y puso en debate no solo el mecanismo de recaudación, sino también la transparencia, el destino real de los fondos y la capacidad del municipio para garantizar que esos recursos se traduzcan efectivamente en obras.
La presentación judicial cuestiona la constitucionalidad del tributo, la forma en que fue incorporado al Código Tributario y la ausencia de garantías claras sobre la afectación específica de lo recaudado. Giammaria sostuvo que la tasa implica un nuevo incremento indirecto al precio de los combustibles que impacta sobre vecinos y sectores productivos, sin que exista un plan público de obras que permita evaluar cómo y dónde se utilizarán los fondos.
Desde ese planteo, la concejala advirtió que el municipio no puede convertir a los vecinos en “recaudadores forzosos” de un tributo que, a su entender, carece de sustento técnico y controles suficientes, y remarcó que el mantenimiento de la red vial debe financiarse con recursos generales y no con un recargo que termina encareciendo el costo de vida y la actividad económica local.
La respuesta del bloque oficialista de Fuerza Patria no se hizo esperar. A través de un comunicado, calificaron la presentación judicial como un intento de “desfinanciar” al municipio y defendieron la tasa como una herramienta de autonomía local. Según el oficialismo, el gravamen cuenta con sustento legal, fue aprobado por el Concejo Deliberante y tiene un destino “único y exclusivo” para bacheo, reparación y mantenimiento de calles.
Sin embargo, el comunicado evitó precisar mecanismos de control, cronogramas de obras o metas concretas de ejecución, limitándose a remarcar la necesidad de contar con fondos propios en un contexto de recortes nacionales. En ese punto, la respuesta oficial dejó sin aclarar uno de los ejes centrales del reclamo opositor: cómo se garantizará que la recaudación se traduzca efectivamente en mejoras visibles para los vecinos.
Fuerza Patria también sostuvo que otros municipios aplican tasas similares, aunque la oposición remarcó que esas experiencias no pueden trasladarse automáticamente a Ramallo sin un análisis de impacto local y sin reglas claras de control y rendición de cuentas.
El bloque oficialista ratificó su respaldo al intendente Mauro Poletti y cuestionó duramente a Giammaria, acusándola de “confundir a los vecinos”. No obstante, el debate ya dejó el ámbito político y se trasladó a los tribunales, donde ahora se analizará la legalidad de la medida.
Mientras tanto, la tasa al combustible continúa en el centro de la discusión pública, con un interrogante que sigue sin respuesta clara: si el nuevo recargo representará una solución real al deterioro de las calles o si se convertirá en una nueva carga para los vecinos sin resultados concretos a la vista.
