La “pobreza ocupada” afecta a unos 4.5 millones de trabajadores registrados, según un informe de Ieral. Entre los informales, el porcentaje trepa al 40,5%.
Tener trabajo ya no garantiza automáticamente un nivel de vida digno en la Argentina. La pobreza alcanza tanto a quienes están empleados como a quienes no lo están. Mientras la incidencia de pobreza entre la población desocupada se dispara al 58,9 %, entre los ocupados persiste en más de uno de cada cinco.
Según un análisis reciente del centro de estudios Ieral, de la Fundación Mediterránea, el 21,6 % de los trabajadores asalariados u ocupados en Argentina no logra superar la línea de pobreza, lo que equivale a unas 4,5 millones de personas sobre un universo de aproximadamente 21 millones de ocupados.
Un factor clave es la calidad del empleo. Según el informe, la tasa de pobreza entre trabajadores independientes no registrados alcanza el 40,5 %, y entre asalariados informales el 37,5 %. En contraste, los independientes registrados presentan una incidencia del 12,3 % y los asalariados formales apenas del 9,7 %.
Brechas regionales y sectoriales
La pobreza laboral no se distribuye de forma homogénea: se concentra en sectores de baja productividad y en provincias donde predomina el empleo informal. En algunas jurisdicciones, más de la mitad del empleo es informal —por ejemplo en Tucumán (58 %), SanJuan (57 %), Salta, Santiago del Estero y Formosa (las tres últimas con 52 %).
El informe de Ieral plantea que la solución no está únicamente en generar más empleo, sino en asegurar que ese empleo sea formal, productivo y con remuneraciones que permitan sostener un nivel de vida por encima de la pobreza. Reformular el vínculo entre crecimiento económico, empleo y bienestar es clave.
Entre las medidas sugeridas por Ieral figuran:
-Promover políticas activas de empleo y formación técnica para elevar las capacidades de la fuerza laboral.
-Incentivar la contratación formal, evitando que la expansión laboral se base únicamente en ocupaciones de baja productividad.
-Articular al sector público y privado para generar empleos de mayor valor agregado, en regiones rezagadas y en sectores informales estructurales.
