Tensión entre el Gobierno y universidades a días de una nueva marcha
NewsITe
A una semana de la nueva movilización universitaria convocada para el jueves 12 de mayo, el Gobierno nacional mantiene una postura inamovible frente a los reclamos por recomposición salarial para docentes y no docentes y por un incremento del presupuesto para el sistema universitario. En la Casa Rosada consideran que la protesta se encuentra “politizada” y la leen como una demostración de fuerza de la oposición.
Fuentes oficiales califican la convocatoria como “otra marcha opositora, destituyente, con sindicalistas y kirchneristas”, y remarcan que la movilización “no preocupa en absoluto”. Bajo ese diagnóstico, el Ejecutivo insiste en que no convalidará demandas que considera “imposibles” en el marco de la política de ajuste del gasto público que impulsa la administración libertaria.
Dentro del Gobierno recuerdan que el Presupuesto 2026 fue aprobado por el Congreso y sostienen que las universidades deben “aprender a administrarse” con los recursos disponibles. Funcionarios consultados cuestionan que, según su visión, parte de los fondos se habrían destinado a otros fines, mientras se responsabiliza al Poder Ejecutivo por la falta de actualización salarial y las tensiones en el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
La pelea por los fondos y la Ley de Financiamiento Universitario
En el corazón de la gestión aseguran que la salida del conflicto llegará recién cuando el Congreso trate la nueva Ley de Financiamiento Universitario enviada por el Poder Ejecutivo. Hasta entonces, el oficialismo promete “explicar la verdad de las cosas” y defender la reasignación de partidas, en especial aquellas vinculadas a salud y becas estudiantiles, que según el Gobierno ya fueron incrementadas.
Uno de los puntos más sensibles es el financiamiento de los hospitales universitarios. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó que las transferencias correspondientes a la función salud se encuentran “perfectamente al día” y explicó que los 80 mil millones de pesos contemplados en el Presupuesto para hospitales universitarios deben distribuirse en todo el país, y no concentrarse en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En paralelo, en Balcarce 50 apuntan directamente contra el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, a quien acusan de utilizar recursos universitarios para la política partidaria. Desde el oficialismo lo señalan como uno de los principales impulsores del reclamo presupuestario y del reclamo por mayores giros para los hospitales universitarios, en un contexto en el que las autoridades académicas advierten sobre un deterioro progresivo en infraestructura, investigación y servicios.
Reforma de la Ley de Educación Superior y escenario de conflicto
Mientras crecen las tensiones con la comunidad universitaria, el Gobierno admite que trabaja en un proyecto para reformar la Ley de Educación Superior, vigente desde 1995 y con una última modificación en 2015. La intención oficial es “modernizarla” y redefinir la forma en que se asignan y controlan los recursos, con énfasis en la eficiencia del gasto y en parámetros objetivos para distribuir el presupuesto entre las distintas instituciones.
Según fuentes de la administración nacional, uno de los cambios en estudio apunta a revisar el régimen de autarquía económico-financiera de las universidades, actualmente regulado por la Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional. La revisión podría introducir nuevas instancias de seguimiento y rendición de cuentas, un punto que despierta preocupación en el sistema universitario, que históricamente defendió su autonomía.
Con la Marcha Federal Universitaria en preparación y el clima de conflicto en ascenso, el oficialismo asegura contar con el respaldo de una parte importante del estudiantado y cuestiona las medidas de fuerza que paralizan las actividades académicas. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reforzará su posición este lunes por la tarde, cuando rectores, representantes estudiantiles y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales brinden una conferencia de prensa en la sede del organismo, en la antesala de la movilización prevista para el 12 de mayo.
En el Gobierno sostienen que “son los racionales” de la discusión presupuestaria, mientras las universidades y gremios denuncian un ajuste que compromete la calidad educativa y el rol estratégico de la universidad pública en la Argentina.
El resultado de la próxima marcha y del debate legislativo sobre la nueva ley de financiamiento universitario será clave para definir el rumbo del sistema universitario en los próximos años, en un contexto de fuerte puja entre la política de ajuste del Ejecutivo y las demandas de la comunidad académica por preservar el carácter público, federal y gratuito de la educación superior.
